La biblioteca posee la versión publicada en Responsabilización y evaluación de la gestión pública, pp. 47-58

Hace unas décadas, las administraciones públicas estaban sometidas al escrutinio público desde una base o desde unos parámetros que respondían esencialmente a la voluntad de evitar deslizamientos o abusos de poder. El énfasis se situaba en impedir o reducir las posibilidades de tales excesos. Todo aquello que implicara apartarse del camino previsto, de lo definido previamente, era interpretado como una puerta abierta a posibles extralimitaciones. En estos momentos, junto con el mantenimiento de la demanda de evitar esos posibles abusos, existe una clara preocupación (expresada constitucionalmente en España por el artículo 9.2, y por su habilitación intervencionista) para que las administraciones públicas sean eficaces, consigan resultados, trabajen para construir políticas que favorezcan la plena igualdad y libertad. El problema es que si bien en el primero de los supuestos la estructuración y operacionalización de mecanismos de control se ha hecho sistemática y concienzudamente, no ha ocurrido lo mismo en el segundo de los campos mencionados. Y si no existen o no se han construido criterios claros de eficacia, lo que ocurre es que existe desorientación y no se reciben señales consistentes sobre los logros conseguidos.Diferentes tipos de organización, con diferentes tipos de relación y de poder en su seno, deberían generar diferentes tipos de control estructural. En determinados casos (por ejemplo, las organizaciones basadas más en las reglas del intercambio y de la influencia) se dará mucha más importancia a la capacidad de dar respuesta a las demandas externas a la propia organización, que en otro tipo de organizaciones más orientadas hacia el interior (las basadas, por ejemplo, en la expertise o la jerarquía). Por consiguiente, no se trata tanto de ofrecer pautas generales y universales de rendición de cuentas y de evaluación, sino más bien de entender y diferenciar las diferentes perspectivas que pueden existir entre organizaciones, o en una misma organización, y segmentar y establecer parámetros adecuados de evaluación y de control. Los tribunales de cuentas, que han ejercido hasta ahora una labor positiva desde una perspectiva analítica determinada, deberían ser complementados con otras perspectivas que permitieran disponer de instrumentos de control y evaluación elaborando así parámetros fiables para cada tipo de organización y de prestación específicos. El debate sobre el papel y los resultados de la acción pública no se sitúa hoy ya sólo en el cómo hacer las cosas, sino que exige contar con instrumentos que permitan responder asimismo a las preguntas de qué deben ocuparse los poderes públicos y de quién mejor puede ofrecer resultados eficaces y eficientes a esas demandas sociales canalizadas por esos poderes representativos.

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