En la mayor parte de los países en desarrollo de América Latina, la corrupción pública se ha convertido en el principal lastre que está frenando los grandes esfuerzos y procesos notables de desarrollo económico, político y administrativo que se vienen implementando desde la década de 1980. Como se ha evidenciado en las recientes experiencias de Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, la existencia de procedimientos administrativos engorrosos, poco transparentes y corruptos ha generado índices de descontento ciudadano tan alarmantes, que la gobernabilidad democrática en varios de esos países se ha visto cuestionada y vulnerada.El término Gobernabilidad Democrática hace referencia a un fenómeno sistémico que implica: responder a las demandas sociales a partir de políticas públicas eficientes; legitimar las instituciones y organizaciones del sistema político; y crear estrategias para el ejercicio de una ciudadanía plena. Incluye tres componentes: a) La capacidad técnica del Estado para responder a las demandas sociales y económicas con eficiencia y transparencia; es decir, la gobernanza; b) El grado de apoyo y confianza ciudadana hacia los políticos, las instituciones democráticas y el proceso; es decir, la legitimidad; y c) La participación de los actores de la sociedad civil para legitimar la gestión del gobierno o las políticas públicas.El presente trabajo realiza un análisis de las corrientes teóricas que se encuentran detrás de las reformas de la administración pública en los últimos años, y esboza algunas líneas teórico-prácticas para concebir el proceso de reforma de la administración como un resultado del combate contra la corrupción pública. Planteando de esta forma, una suerte de política pública coordinada e integral que permita recuperar niveles de gobernabilidad democrática estables.

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