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Recurso digital |
Biblioteca Central
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INAP-AR:CD 45 Congreso VII | Disponible | 009700 |
El análisis de la reforma judicial en Argentina muestra un proceso no sólo lento, sino también estancado o, inclusive, en retroceso, pero enfrentando escenarios radicales. Una primera mirada sugeriría la presencia de una contradicción, supuestamente insostenible en el tiempo, al tomar en cuenta la incorporación de las demandas de actores empresarios y de actores exógenos como AID y las de los BMDs en pos de un mejor gobierno, a las demandas históricas de las ONGs y de la ciudadanía en general, con respecto a la necesidad de una reforma judicial. El futuro "debería" ser mejor.Sin embargo, al analizar los diversos conjuntos de actores participantes en los procesos de reforma judicial y la estructura político-institucional en la que se ven inmersos en nuestras sociedades, se debe concluir que no surge un actor o alianza de actores con suficientes incentivos y recursos como para destrabar el fuerte equilibrio que frena las reformas judiciales. Por ello, el mejoramiento significativo del poder judicial en términos de su transparencia y accountability, eficiencia, eficacia, accesibilidad y autonomía, no debería considerarse una dirección tarde o temprano ineludible y propia de la dinámica de maduración de las democracias latinoamericanas.El análisis del caso argentino también nos permite reconocer la complejidad que enfrentan los actores una vez que el proceso de reforma abandona el pizarrón o su viñeta en la "receta" diseñada por los técnicos: principios tan caros como el de la autonomía judicial para el fortalecimiento y profundización democráticas se pueden tornar en poderosos recursos de estrategias oligárquicas o rentísticas con demasiada facilidad; por otra parte, reformas puntuales sin encarar el problema en forma integral, no son neutras sino muchas veces negativas (como la promoción de un mayor acceso a las cortes sin mejorar su eficiencia, lo que resulta en inundaciones de casos y crisis del sistema, como se dio en Brasil a principios de los años noventa); finalmente, la integralidad de la reforma debe contemplar piezas claves del sistema "contextual" a la provisión de justicia pues, así como mayor autonomía judicial es impensable sin importantes cambios en el propio Ejecutivo, tampoco la provisión de justicia variará demasiado si las fuerzas policiales no sufren modificaciones importantes en su organización y lógica de funcionamiento, en una dirección acorde a la reforma judicial.
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