En la Argentina contemporánea la política social ha tomado una creciente centralidad, a la vez que se han visto alteradas sus modalidades principales. Por un lado se procedió a una deconstrucción sistemática del complejo de intervenciones públicas que, en forma de regulaciones del empleo e instituciones públicas de educación y salud, consolidaban un "piso" de condiciones de vida de la población, una "ciudadanía social". Por otro lado se optó por una multiplicación de intervenciones asistenciales focalizadas inspiradas en las recomendaciones técnicas de organismos internacionales, en especial el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.En la Provincia de Buenos Aires, distrito más importante del país en términos demográficos y en donde se concentran la mayor cantidad de población en situación de pobreza, el campo de la política social se ha ido transformando en particular por un proceso de transferencia progresiva de funciones desde los niveles centrales (nacionales y provinciales) hacia los municipios y hacia otros agentes locales, en forma de programas sociales cofinanciados por la Nación, la provincia y los organismos internacionales, con los municipios como contrapartes a cargo de una parte importante del esfuerzo de implementación.Desde un punto de vista institucional, el ejercicio de nuevas funciones no ha estado acompañado por un cambio de estatus jurídico de los municipios ni por un incremento de los recursos -más allá de transferencias para programas o de algunos cambios en el régimen de coparticipación municipal de fines de los '80. Adicionalmente, el desarrollo de las capacidades institucionales en los municipios ha sido fragmentario, discontinuo y más asociado a experiencias puntuales que a procesos generales. Al incorporar en sus agendas locales la gestión de cuestiones relativas a la salud, la educación, el combate de la pobreza, el empleo y la vivienda, estos procesos han afectado sensiblemente la política de los gobiernos locales, reconfigurando la agenda, la trama de actores, los modos de legitimación del Estado y las formas de acumulación política.Si las debilidades institucionales de los municipios (falta de recursos humanos capacitados, falta de recursos presupuestarios suficientes, baja institucionalización de las intervenciones, déficits en las formas de organización interna) complican una gestión social tensionada por la creciente demanda, las formas de organización político partidaria y las estrategias de construcción de legitimidad electoral (fuertemente determinadas por las necesidades de construcción de poder territorial) inciden fuertemente en la reorientación de los programas sociales en su implementacion local. Los rasgos de la política social local, sugeriremos, sólo pueden ser entendidos a través de un prisma complejo en donde se articulan las tensiones de la transferencia de responsabilidades entre niveles del Estado con las tensiones de la construcción de poder político en sistemas representativos asediados por la degradación socioeconómica.

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