El acrecentamiento de la complejidad social y las nuevas y aumentadas exigencias de coordinación por parte de una instancia estatal cuya centralidad se ha debilitado, es uno de los factores que estimula innovaciones en la estructuración territorial del poder a través de la creación de regiones, sea en el entramado internacional o hacia el interior de los Estados nacionales. La crisis fiscal, la movilidad del capital financiero y la deslocalización del capital, que prohijaron en una primera oleada de reformas la retracción del Estado empresario, los procesos privatizadores y la liberalización de la economía, produjeron una consecuente expansión de la actividad de la sociedad civil (particularmente -aunque no sólo-, de los poderes económicos privados) y una restricción de la matriz estadocéntrica. Simultáneamente, todo ha conducido a un sensible ascenso de la complejidad social, con una mayor diferenciación e interdependencia de los subsistemas, entre ellos (económico, político, jurídico, educativo, sanitario, etc.) y hacia su interior (especialización y sectorización de actividades, de lo que constituyen manifestaciones en el subsistema político administrativo una arquitectura modificada por el desarrollo de las autonomías locales y de instancias supranacionales).Sin embargo las transformaciones del rol estatal no significan -y no deberían significar- ausencia, máxime en los países en vías de desarrollo, como ya lo ha reconocido incluso expresamente el Banco Mundial desde el año 1997 (World Development Report: The State in a Changing World). Aunque la lógica económica, con el desarrollo del transporte y las comunicaciones, aparezca como nunca trascendiendo las fronteras geográficas y políticas, los procesos de producción y reproducción capitalista continúan siendo condicionados por la política y la vigencia efectiva de sus instituciones, en cuanto provee una estructura de oportunidades dotada de certeza y previsibilidad a los agentes que compiten. Por otra parte, a la retracción del Estado por la crisis fiscal, se contrapone la necesidad de manejar la complejidad e instantaneidad ascendentes: el resultado son límites porosos entre el Estado y la sociedad civil (no los pretendidamente espesos y rígidos del modelo neoliberal) y entre los distintos niveles jurisdiccionales.Así pues en la agenda de la actual etapa de reformas de segunda generación, hay que incluir junto a cuestiones tales como la capacitación de los agentes, participación de los ciudadanos, racionalidad del gasto y transparencia en la gestión de políticas, preservación y desarrollo del capital social e institucionalización de mecanismos de regulación y control de los servicios públicos prestados por el sector privado, también la definición y fortalecimiento de las instituciones de coordinación regional, a fin de ganar eficiencia en un contexto de acrecentada complejidad y nivel de incertidumbre; es decir, como un valioso instrumento para una gestión más eficiente a través de la coordinación.Con estos supuestos de fondo, la ponencia rescata la centralidad de la categoría de coordinación intencional como específica de la política y plantea la posibilidad de un concepto amplio de región a partir de ella. Avanza luego sobre las concretas aplicaciones analíticas del concepto a lo largo de dos vectores: globalización/regionalización y descentralización/regionalización, con la presentación de las experiencias respectivas. Estas experiencias son, por una parte, la de una región interprovincial (la Región Centro de la República Argentina) y, por la otra, la integración de casi la totalidad de las localidades de la Provincia de Córdoba (Argentina) en diversas regiones intraprovinciales. Ambas formaciones regionales son analizadas atendiendo a las variabilidades de objetivos, de institucionalización jurídica y de prácticas concretas, así como de modalidades de coordinación.

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