La ponencia parte del reconocimiento del creciente peso que ha tomado la evaluación de las políticas públicas en las últimas dos décadas y en la agenda de las reformas del Estado ligada al interés por la responsabilización y la rendición de cuentas en el ámbito público.En el campo de las políticas sociales en la Argentina, se considera que este es un proceso de los '90, en el cual se enfatiza la necesidad de realizar evaluaciones que permitan conocer el funcionamiento y los efectos de los programas sociales.En la presentación se sostiene, sin embargo, que tal preocupación no se corresponde estrictamente con la magnitud y la calidad de las evaluaciones realmente efectuadas y, sobre todo, con la utilización de sus resultados y con su conversión efectiva en una herramienta de gestión de las políticas sociales.A través de una somera descripción del estado del arte sobre la evaluación (abarcando la bibliografía académica, los informes técnicos y las exposiciones de los propios evaluadores) se recupera del corpus discursivo constituido hasta el momento, un conjunto de acuerdos que conforman un "deber ser de la evaluación" y que se han convertido casi en la expresión "políticamente correcta" del discurso sobre la evaluación. La ponencia se interroga sobre los componentes constitutivos de la evaluación que hacen tan difícil poner en acto tales acuerdos discursivos y se detiene en la naturaleza institucionalmente conflictiva de los procesos de evaluación, señalando que éstos instalan potencialmente un estado de conflicto, expresado como contradicción, oposición o enfrentamiento de valores, concepciones, intereses o actitudes. En un intento de avanzar en esa línea de reflexión se describen tres instancias generadoras de conflicto: el contexto, el funcionamiento y la situación de los actores de las políticas sociales.Finalmente se discute el papel de la participación en la construcción de consenso y sus efectos en el desarrollo de una cultura de la evaluación.

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