En este estudio se abordará el tema de la concesión o venta de organizaciones prestadoras de servicios de utilidad pública, anteriormente administrados por el Estado.En diversos casos analizados ("Mafia del Oro", lavado de dinero, corrupción en las cárceles, etc.), hemos encontrado que, en su mayoría, se cometen delitos tipificados en el código penal, civil o comercial (hurto, contrabando, falsificación de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público, etc.). En las privatizaciones argentinas, por el contrario, no se observan transgresiones normativas ni delitos.Sin embargo, en ellas encontramos acciones que, aunque conformes a derecho, no parecen honestas. Las elevadísimas tasas de rentabilidad y las sucesivas renegociaciones que mantienen o mejoran los ingresos de las prestadoras a costa de un mayor endeudamiento del Estado y/o un aumento de tarifas, siempre gravoso para los sectores populares pero en especial en este contexto de recesión/depresión, nos hacen pensar que, actualmente en la Argentina, entre los pocos ganadores sobresalen las empresas que brindan servicios públicos.Nuestro supuesto es que, en estos casos, la corrupción es un acto de poder que logra instituirse en leyes. Los grupos involucrados son tan poderosos que se procuran "normativa a medida" y son controlados mediante la información provista por ellos mismos. Se parte de la noción de "estado capturado".Por otra parte, el Estado tenía tres misiones fundamentales: dividir los monopolios no naturales; regular los monopolios naturales aportando los elementos que la falta de competencia no provee y controlar la calidad del servicio. Al parecer, el estado ha fallado en las tres. Cuando ha dividido monopolios, ha creado duopolios que se complementan para solicitar (y obtener) aumentos de tarifas o nuevas prebendas, en lugar de aumentar la competencia que redundaría en una baja de precios. En los monopolios naturales el rol de regulador está lejos de lo ideal y no cumple su papel en cuanto al control de calidad de servicio y satisfacción de los reclamos de los usuarios.Por contrato, los datos que permitirían detectar los incumplimientos sean provistos por el propio controlado y el Ente respectivo, en general, no tiene personal ni recursos para el control "en paralelo". Las empresas argentinas que componen los consorcios son antiguas proveedoras del Estado, con aceitados contactos y fuerte poder de lobby, y presionan eficientemente para obtener mejoras complementarias, a través de renegociación permanente de los contratos, reproduciéndose de este modo el mecanismo de "captura del estado".

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