El debate sobre la pertinencia -y eventuales características- de una Autoridad Social se ha planteado esporádicamente en la Argentina a lo largo de la última década. Bajo denominaciones diferentes, estos proyectos nunca terminaron de concretarse en los años noventa, no obstante lo cual reapareció una idea afín con el nuevo gobierno iniciado a fines de 1999. En todos los casos, el diagnóstico que motivaba y motiva estos intentos era y es muy similar: multiplicidad de programas, descoordinación entre los organismos y niveles responsables, ineficiencia en el uso de los recursos.Esta breve introducción enmarca los objetivos del trabajo: a) caracterizar los ejes centrales de cada uno de los proyectos que se elaboraron con el fin de conformar algún tipo de instancia asociada a lo que se ha dado en llamar Autoridad Social; b) explorar los motivos por los cuales no prosperaron dichos intentos; c) analizar las condiciones de factibilidad para que se pueda plasmar una Autoridad Social que fomente la coordinación intersectorial e interjurisdiccional de una política social entendida en sentido amplio y no solamente como lucha frente a la pobreza.El documento señala que los sucesivos intentos de plasmar una Autoridad Social en la Argentina no prosperaron en razón de que pretenciosamente se la vislumbraba como el factor de equilibrio del Ministerio de Economía, justo en una etapa histórica donde éste acumuló un fuerte poder en el marco de las reformas estructurales a la par que se debilitaban las áreas sociales.La enseñanza que deja dicha experiencia parece indicar que antes de avanzar nuevamente en dicha dirección, sin duda necesaria, se requiere un paso previo capaz de fortalecer a mediano plazo la gestión social. Dicho paso está asociado a resolver los problemas de articulación entre las mismas áreas sociales, lo cual presenta dos dimensiones sustantivas en el marco de un país federal como la Argentina: por un lado, la existencia de múltiples proveedores de programas y servicios sociales a nivel del Estado nacional; por el otro, el activo protagonismo de las instancias provinciales en la gestión de la educación, la salud y los programas focalizados en la pobreza.

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