Sobre la base de los resultados de una investigación en marcha, la ponencia presenta la forma en que la regulación del servicio de distribución de energía eléctrica privatizado en el Area Metropolitana de Buenos Aires vincula a la población de bajos recursos. Identifica la situación de la población que se encontraba conectada clandestinamente al servicio, y analiza de manera particular la política aplicada para su regularización (Acuerdo Marco, 1994-98; Adenda 1998-2002). Con esa base, se proponen conclusiones sobre la situación y perspectivas de la vinculación de los pobres con la distribución eléctrica.Cuando en 1992 las empresas privadas se hicieron cargo de la distribución eléctrica en el Area Metropolitana de Buenos Aires, cerca del 30% de la energía que se ingresaba en la red no era facturada. En esas pérdidas, si bien el consumo clandestino de la población de asentamientos irregulares no era la más importante, afectaba a una cantidad relevante de familias.La reglamentación solamente previó la incorporación de usuarios normales, sin considerar situaciones particulares, en una concepción mercantil del servicio. Una de sus cláusulas excluyó la posibilidad de algún tipo de subsidio cruzado.Las primeras políticas empresarias, basadas en el corte indiscriminado de las conexiones provocaron graves conflictos. Para enfrentar esos hechos se realizó un "Acuerdo Marco", entre los gobiernos federal y de la provincia de Buenos Aires, al que adhirieron los municipios metropolitanos. Con base en ese acuerdo se procedió a regularizar los consumos, diferenciando dos tipos de situaciones: asentimientos tipo "villa miseria" donde no es posible identificar a los usuarios y asentamientos más regulares en términos urbanos, en donde es posible esa identificación. A partir de un fondo financiero constituido con los aportes de impuestos federales y provinciales y el canon municipal que corresponden a los pagos regularizados, se compensan los incumplimientos y se financia la infraestructura necesaria para esos casos.El análisis de la información muestra que la población de las "villas", a las que se colocó medidores colectivos, pagó proporciones mínimas de sus consumos. De esa forma se percibe que el problema se mantiene y aún se amplía, sin que para la finalización del AM (2002) exista ningún procedimiento permanente de resolución.Con la aplicación del Acuerdo, las empresas logran cobrar, en forma directa de los usuarios o, sobre todo, indirecta desde el Fondo creado, los consumos de la energía que distribuyen, así como los consumos clandestinos anteriores a su participación.Las conclusiones apuntan a identificar las posibilidad y limitaciones del instrumento utilizado en un contexto de creciente empobrecimiento de importantes segmentos de la población metropolitana.

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