Todos los países que tienen arraigado su sistema político participativo han generado sistemas de pesos y contrapesos entre las competencias de los Organismos Estatales y los ciudadanos.De manera fundacional se han estructurado en la creación de variados organismos de control para llevar a cabo dicha tarea, los que en ciertos casos mantienen superposición de competencias a manera de sobreabundancia funcional.A pesar de ello, los controles no resultan eficientes y la ciudadanía no confía en las instituciones encargadas de controlar el poder del soberano.Esta degradación crea una cultura del empobrecimiento público contra el enriquecimiento de grupos privados, que cuentan con la sibilina anuencia de funcionarios que participan necesariamente de sus actividades, frente a la omisa presencia de las instituciones que proclaman la defensa de los derechos ciudadanos.La democracia se va debilitando al no encontrar el debido respeto de los ciudadanos que recurren a un Poder Judicial cada vez más atestado de causas, que deberían ser solucionadas previamente en sede de la Administración Pública.Los Organismos de contralor deberían mantener actualizada una base de datos que se nutre con sus informes, para que una vez sistematizados, permitan corregir los flujogramas funcionales irregulares de los sistemas administrativos y se constituyan en los verdaderos "reformistas del Estado", de manera dinámica y no en determinados momentos teñidos de intencionalidad política.Un fuerte sistema de control permitirá devolver la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, para que se puedan servir de la Administración y colaboren permanentemente en la promoción del bienestar general institucional.

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