En años recientes distintos países latinoamericanos, acompañando una más amplia tendencia internacional, han promovido procesos de reforma de los sistemas de salud. La Argentina no ha escapado a esta tendencia. Este proceso converge y se asocia con los procesos más generales de reforma del Estado, que hoy plantean, además de otros factores, la necesidad de desarrollar eficaces agencias estatales de regulación y control.La solución organizada en torno a la definición de un paquete básico y común de prestaciones para todos los beneficiarios del seguro de salud exige mejor control y regulación pública antes que "menos" Estado. Pues aunque quede en manos del individuo la elección del asegurador o prestador directo, alguna entidad tendrá necesariamente que asumir las funciones de definir la composición de la canasta básica, negociar con los prestadores los valores de ese paquete universal, garantizar el acceso igualitario a todos los beneficiarios del sistema, distribuir información y vigilar por el mantenimiento de la calidad de los servicios. No parece haber candidato más adecuado para asumir estos roles que el propio Estado.Por ello resulta imprescindible el desarrollo de un eficaz estado regulador y fiscalizador en el sistema del seguro de salud en vías de reforma. Pero el mismo no se conformará por la simple invocación voluntarista, sino que resultará del desarrollo de capacidades institucionales y de la suficiente autonomía estatal para definir sus propios objetivos regulatorios. De ahí la relevancia de estudiar el nivel de capacidades institucionales alcanzado por la agencia de regulación y control del sistema: la Superintendencia de Servicios de Salud. Este trabajo consistirá en un diagnóstico y balance de las capacidades regulatorias que se heredan de la gestión que culminó en diciembre de 1999.En primer lugar, presentaremos brevemente los principales aspectos de la política de reforma del sistema de obras sociales desarrollada en la última década, hasta la creación de la nueva agencia de regulación, fiscalización y control en ese ámbito. Luego, abordaremos el análisis de la herencia institucional asumida por el nuevo organismo, desde el punto de vista del entramado de relaciones con su entorno socioeconómico, y el modo en que éste condiciona el desarrollo de capacidades para la realización de los objetivos de política. Posteriormente, el análisis procederá a identificar las brechas de capacidades que se detectan a nivel del marco regulatorio, en los procesos que se desarrollan en el interior del propio organismo y en sus relaciones interinstitucionales.

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