A partir de una diferenciación entre descentralización política, administrativa y económica, donde esta última consistiría en el uso de mecanismos de mercado para proveer bienes públicos, en este documento se hace una revisión de los procesos que se están realizando en la región y se constata que los resultados esperados de la descentralización política aún son muy limitados, mientras en el caso de los servicios sociales estaría emergiendo una tendencia a centralizar el financiamiento y descentralizar económicamente la producción, concepto este último que no equivale a privatización sino a abrir la provisión de estos servicios a establecimientos estatales y no estatales, con y sin fines de lucro, en igualdad de condiciones.A la luz de estas constataciones el autor plantea diferenciar entre una canasta de servicios sociales, a la que todos deberían tener igual acceso independientemente de su lugar de residencia y que por tanto sería un bien público nacional, y la provisión de infraestructura para el desarrollo territorial, cuya demanda está claramente diferenciada y en consecuencia podría ser objeto de una profundización de la descentralización política.A fin de lograr los resultados esperados en términos de participación ciudadana y eficiencia, la descentralización política del desarrollo territorial debería alcanzar hasta los niveles del Estado más próximos al ciudadano, y hacer que en los distintos ámbitos las asignaciones sean realizadas a través de procesos democráticos en los que se decida simultáneamente sobre gasto y el respectivo aporte local, siendo el compromiso de este último la única condición para acceder a un sistema de transferencias territoriales cuyo monto estaría en función del esfuerzo relativo de cada comunidad. Este último podría ser medido, por ejemplo, en función del respectivo ingreso territorial.

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