Se describe la estructura del sistema de empleo público, haciendo referencia al estatuto del personal civil y a la carrera pública profesional en Perú. Se consideran aspectos particulares de la situación del personal de la administración pública: acceso, remuneraciones, formación y capacitación, y evaluación del desempeño. Se plantean los principales problemas del sector y se discuten las perspectivas de futuro.El gobierno peruano realizó un gran esfuerzo de saneamiento y reducción del aparato público a partir de 1990. Pero este esfuerzo no se acompañó de un proceso de modernización y racionalización de la administración pública, de modo de hacerla más eficiente y eficaz, por lo que para 1992 se mantuvo una estructura institucional carente de un marco conceptual institucional, y que ha vuelto a crecer de manera desordenada.Los problemas derivados de la situación laboral del personal de la Administración Pública se acentuaron, y han dado lugar por parte del Estado, a respuestas coyunturales que pudieron aliviar temporalmente las dificultades que las motivaron, pero que no han sido verdaderas soluciones. Entre los problemas existentes se destacan los bajos sueldos, la falta de capacitación y lo inadecuado del ambiente de trabajo. Estos problemas van generando distorsiones en la percepción de la carrera pública por parte de la población.Al no contar con personal idóneo en el sector público, el gobierno permite a sus instituciones contratar servidores públicos bajo el régimen laboral de la actividad privada. En el largo plazo, esta opción genera más distorsiones, ya que hace crecer el aparato estatal con personal poco calificado mientras que el personal contratado en otras condiciones desarrolla con eficiencia las labores que impactan en el desempeño de la dependencia.Ante esta situación, en 1995 el gobierno desactivó el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) que no había logrado su función adecuadamente, y emprendió desde 1996 un proceso de reforma con miras a crear una administración pública eficiente y capaz garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos. En consecuencia, se está estudiando el establecimiento de un nuevo marco jurídico para la carrera pública, y se piensa implementar una política de capacitación dirigida a asegurar la captación y permanencia de los mejores profesionales en el ámbito gubernamental.En la actualidad, el acceso a la administración pública está regido por el artículo 12o. del Decreto Legislativo No. 276, de conformidad con lo establecido para la carrera administrativa. Las remuneraciones se fijan por cargos específicos escalonados en ocho niveles, regidos por los principios de universalidad, base técnica, relación directa con la carrera administrativa y adecuada compensación económica. La evaluación del desempeño está siendo implementada mediante un dispositivo legal que permite a la administración pública evaluar semestralmente a los servidores públicos, y faculta a las instituciones públicas a cesar al personal que no califica la evaluación por causal de excedencia. C.S./M.T.

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