Publicado también en Boletín de Resúmenes del CLAD, Vol. 6 No. 2 (Dic. 1989)

Partiendo del supuesto de que la descentralización es un proceso favorable para la democrácia y que como tal debe ser defendida, se establecen los límites de la descentralización dado que la propia dinámica del capitalismo contemporaneo exige ciertos controles centralizados. Se establece un paralelo entre las características de los estados liberales y las formas asumidas por el Estado en el capitalismo contemporaneo y se caracterizan las transformaciones del papel del Estado a partir de la crisis de 1929. En la década de los 30, el Estado, controlando masas monetarias crecientes, a través de sus gastos, va a ser capaz de influenciar el nivel de actividades de empleo del conjunto de la economía. El destino de los gastos y de los tributos afectan en forma desigual a los diversos sectores de actividades; el sistema de deuda pública gana nuevas dimensiones y las operaciones financieras estatales pasan a tener influencia decisiva en las variaciones de las tasas de interés. Por otra parte, el gran volúmen de recursos públicos y la creciente movilización popular crea las condiciones para que el Estado actúe decisivamente en el área social, constituyendo o ampliando agencias responsables de la educación, salud, habitación popular, previsión social, etc. Las relaciones entre los principales agentes sociales pasan a ser reguladas por la acción estatal y las relaciones entre el capital y el trabajo y entre los distintos bloques de capital, pasan a ser mediatizados por el Estado. Esto obliga a la coordinación, al planeamiento y por ende a la centralización. En Brasil, independientemente de la posibilidad de descentralización de ciertos poderes, resulta fundamental la democratización de los mecanismos de decisión. Sin embargo, está claro que la política industrial no puede ser decidida a nivel local. Las relaciones intersectoriales del aparato industrial, la dependencia de las inversiones productivas ante los financiamientos oficiales, las gigantescas escalas de producción de la tecnología disponible y la interacción del mercado nacional implican la necesidad de planificación a nivel nacional. La política tributaria, por su parte, debe ser de competencia federal pero deben establecerse normas generales que regulen las transferencias y la concesión de plena autonomía a los estados en sus gastos. También la descentralización de la política de precios, de salarios, etc. tornaría imposible el planeamiento económico a nivel nacional así como la descentralización de las empresas productivas del Estado. El área más adecuada para la descentralización parece ser la de ejecución de las políticas sociales. En el campo de los servicios sociales no existen economías de escala sino concentración de actividades en órganos gigantescos, con pesadas burocracias y mecanismos de decisión centralizados. La dispersión de unidades autónomas de atención reduciría los costos y daría mayor flexibilidad para la atención de las especificidades estadales y locales. A manera de conclusión, se aclara que en esta delimitación económica de la descentralización se tomaron en cuenta factores muy generales y se alerta contra el peligro de la "simetría", es decir, de crear normas uniformes sin tener en cuenta la desigualdad de los municipios brasileños. A.S.

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