Trabajo que tiene por objetivo proponer, a través de un análisis económico, las pautas para el diseño de un programa de reforma del Poder Judicial que sea eficaz para la resolución de conflictos, que facilite el crecimiento de la economía y que respete los derechos de los ciudadanos. Se compone de tres partes: 1) la reforma de la administración de justicia, 2) el análisis económico del contenido de la legislación (la ley de quiebras), y 3) conclusiones. En la primera parte expresa que un sistema judicial eficiente debe procurar resolver los conflictos con la mayor precisión posible, pero minimizando los costos públicos y privados. La justicia argentina ha sido tradicionalmente cuestionada por su ineficacia para resolver disputas, por sus demoras, por sus costos excesivos, e incluso por corrupción. Concluye sugiriendo que la "crisis" del sistema judicial no parece obedecer a insuficiencias de presupuesto, dado que comparativamente es caro tanto en los componentes públicos como en los gastos privados. Los problemas parecen basarse más bien en diseños organizacionales inadecuados para proveer un servicio de calidad. Formula recomendaciones relativas al nombramiento y a la motivación de los jueces, a la administración de los recursos humanos, al presupuesto y a los costos privados de litigar. Para el análisis económico del contenido de la legislación adopta como caso de análisis la ley de quiebras y el proyecto de reforma.

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