mrabajo que tiene por objetivo analizar los modos y procedimientos mediante los cuales la participación puede constituirse en un medio para combatir la corrupción en los órganos del Estado. Trata los siguientes temas: la democratización del sistema político; el modelo de gestión administrativa; las relaciones de la administración con el público; la efectividad de la participación. Señala que para considerar a la participación como medio para combatir la corrupción, esta última debe ser entendida de un modo que exceda la mera violación de normas. En la lucha contra la corrupción el interés general coincide con el de los particulares considerados individualmente. Expresa que el modelo tradicional de administración pública se basa en el supuesto teórico de que ésta está ubicada en un plano superior al de los particulares (los "administrados"). A partir de los 60 esta posición tiende a modificarse distinguiéndose dos tendencias: 1) la administración "va hacia" el público, y 2) la administración "se abre" al público. Destaca que la participación, sea con poder de tomar decisiones, consultiva o de control, no puede ser entendida como sustituto de la representación política, porque podría así suprimir la instancia mediadora del Estado entre los diferentes intereses sectoriales y convertirse en corporativismo. Señala que la participación en la lucha contra la corrupción puede canalizarse a través de: a) la admisión, el perfeccionamiento y la ampliación de la legitimación procesal; b) la presencia del público en organismos de consulta, decisión y control; c) la extensión de las tareas asumidas por los entes públicos no estatales; d) las nuevas funciones de las organizaciones no gubernamentales. Concluye expresando que como ninguno de los medios de acción es suficiente por sí mismo, éstos deberían aplicarse de manera simultánea y convergente.

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