Publicado en Selección de Documentos Clave, Vol. 7 No. 2 (Dic. 1990)

Publicado también en Boletín de Resúmenes del CLAD, Vol. 7 No. 2 (Dic. 1990)

Se señalan los rasgos principales de la transformación, el redimensionamiento y la modernización del Estado en Guatemala. Se hace mención a la búsqueda de legitimidad del régimen político, a la política de descentralización y a la redimensión del tamaño y de las funciones del Estado. Se comenta el dilema planteado por el ajuste estructural y se consideran las perspectivas del proceso. Guatemala vive desde mediados de la década del ochenta una etapa de transición hacia una nueva forma de Estado: del Estado burocrático que predominó desde 1954 hacia un Estado democrático, en el contexto de una sociedad capitalista dependiente y con indicadores de atraso económico, social y político. El proyecto de democratización del Estado no sólo se refiere a la crisis política y social, sino también a la crisis económica acelerada que coincide con esta etapa de transición. A partir de 1982 se busca la renovación del sistema político y la paulatina construcción de un Estado de Derecho. El Estado, en este nuevo período, promueve la participación y el pluripartidismo, en procura de legitimar el régimen. El redimensionamiento del Estado en el orden constitucional es otro rasgo característico de esta nueva etapa, en el marco de una Constitución que entró en vigencia en 1986. En esta Constitución se establece la descentralización como política pública. El proceso de descentralización se ha venido realizando en cuatro ámbitos o dimensiones: a) La descentralización política, que se concreta en la restitución de la autonomía política a los municipios; b) descentralización financiera, mediante el traspaso del 8 por ciento del presupuesto ordinario a las municipalidades; c) la descentralización administrativa, con la creación de las regiones de desarrollo; y 4) descentralización económica, que es el ámbito en donde se ha progresado con menos ímpetu. El aparato público de Guatemala es uno de los más ineficientes, pero tambíen de los más pequeños de los países latinoamericanos. El gasto público se redimensionó por la vía de su crecimiento y redistribución. Entre 1976 y 1986 la gestión económica falló en cuanto a fortalecer los ingresos fiscales, frente a la expasión mucho más dinámica del gasto público. A finales de 1989 se empieza a observar una creciente inestabilidad económica. Ante esto, el gobierno adoptó una política de liberalización de la tasa de interés y del tipo de cambio del quetzal, provocándose una fuerte devaluación de la moneda y acelerándose los ritmos de inflación. En estas condiciones, se plantea un dilema entre un proceso de ajuste estructural macroeconómico coherente, con una visión global de corto y mediano plazo, sobre la base de la negociación y el consenso, que permita el crecimiento económico por una parte, y por otra parte la redistribución del ingreso con un mínimo de costo social y específicamente, que permita en el mediano plazo la consolidación del régimen democrático. A.S./J.C.

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