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Relación gobierno federal-entidades paraestatales en México

Por: Tamayo, JorgeColaborador(es): Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) | ILPES | OIT | Uruguay. Oficina Nacional del Servicio Civil | Seminario "Relación Gobierno Central-Empresas Públicas en América Latina" MontevideoDetalles de publicación: México s.e. 1986Descripción: 30 pTema(s): CONTROL DE GESTION | GOBIERNO CENTRAL | PROCESO DE REGULACION | REFORMA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS | RELACIONES CON LAS EMPRESAS PUBLICAS | SISTEMAS DE CONTROL | MEXICOOtra clasificación: INAP-AR:C.7/271
Contenidos:
Publicado además en Boletín de Resúmenes del CLAD Vol. 3 No. 3 (Mar. 1987)
Resumen: En el documento se presenta la ponencia mexicana ante el Seminario sobre Relación Gobierno Central - Empresas Públicas. Dicha relación ha transitado, en México, por un largo camino que va desde la ausencia casi total de planificación y control de la gestión de las entidades paraestatales hasta la formación de un pesado aparato jurídico e institucional que sobrereguló y limitó el desempeño de las mismas. En la presente administración, cobró fuerza la necesidad de descentralizar la vida nacional, tanto en su dimensión económica como institucional. En lo que respecta al gobierno federal, los esfuerzos de descentralización coinciden con la necesidad de elevar los niveles de eficiencia y competitividad del sector paraestatal; esto llevó a reformular la relación existente entre ambos. Esta reformulación se materializó en la promulgación de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Desde el punto de vista general, todas estas entidades quedan sujetas a los lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). A partir del PND, las entidades paraestatales deberán participar en la elaboración de programas sectoriales, elaborar su respectivo programa institucional, elaborar los programas anuales y asegurar la congruencia del programa institucional con el programa sectorial respectivo. Con respecto a los mecanismos de control existentes, éste se da en varias instancias y momentos, teniendo como responsable a distintos organismos del gobierno. Una primera instancia es el proceso de programación-presupuestación de cuya integración es responsable la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). Esta Secretaría fija los lineamientos de gastos de acuerdo a las políticas establecidas por el Ejecutivo Federal y aprueba los presupuestos de las Secretarías de Estado y Entidades Paraestatales. Una vez integrado el anteproyecto de presupuesto es enviado al Congreso para su análisis y aprobación. La administración de recursos está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El sistema de contabilidad gubernamental es otro mecanismo de control que comprende la captación y registro de las operaciones financieras, presupuestales y consecución de metas. Existe un sistema de medición para el logro de los objetivos de las empresas públicas que se ha fortalecido en los últimos años. En términos generales, se mide la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros y en el uso de otros instrumentos de política. En un sentido específico, la evaluación es la cuantificación y calificación de programas, metas y resultados, la determinación de las deficiencias, de los avances y de los logros en los procesos administrativos, productivos y de dirección, así como las propuestas y recomendaciones para mejorar la calidad de la gestión. Se considera a la evaluación como un proceso analítico cuyo producto básico es la identificación de problemas y la recomendación de soluciones. Se promueve un proceso de autoevaluación cuyo responsable es el Directorio de la Empresa y un proceso de evaluación externo a cargo de un Comisario Público que informa, a su vez, al Gobierno Federal. S.S.
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Publicado además en Boletín de Resúmenes del CLAD Vol. 3 No. 3 (Mar. 1987)

En el documento se presenta la ponencia mexicana ante el Seminario sobre Relación Gobierno Central - Empresas Públicas. Dicha relación ha transitado, en México, por un largo camino que va desde la ausencia casi total de planificación y control de la gestión de las entidades paraestatales hasta la formación de un pesado aparato jurídico e institucional que sobrereguló y limitó el desempeño de las mismas. En la presente administración, cobró fuerza la necesidad de descentralizar la vida nacional, tanto en su dimensión económica como institucional. En lo que respecta al gobierno federal, los esfuerzos de descentralización coinciden con la necesidad de elevar los niveles de eficiencia y competitividad del sector paraestatal; esto llevó a reformular la relación existente entre ambos. Esta reformulación se materializó en la promulgación de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Desde el punto de vista general, todas estas entidades quedan sujetas a los lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). A partir del PND, las entidades paraestatales deberán participar en la elaboración de programas sectoriales, elaborar su respectivo programa institucional, elaborar los programas anuales y asegurar la congruencia del programa institucional con el programa sectorial respectivo. Con respecto a los mecanismos de control existentes, éste se da en varias instancias y momentos, teniendo como responsable a distintos organismos del gobierno. Una primera instancia es el proceso de programación-presupuestación de cuya integración es responsable la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). Esta Secretaría fija los lineamientos de gastos de acuerdo a las políticas establecidas por el Ejecutivo Federal y aprueba los presupuestos de las Secretarías de Estado y Entidades Paraestatales. Una vez integrado el anteproyecto de presupuesto es enviado al Congreso para su análisis y aprobación. La administración de recursos está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El sistema de contabilidad gubernamental es otro mecanismo de control que comprende la captación y registro de las operaciones financieras, presupuestales y consecución de metas. Existe un sistema de medición para el logro de los objetivos de las empresas públicas que se ha fortalecido en los últimos años. En términos generales, se mide la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros y en el uso de otros instrumentos de política. En un sentido específico, la evaluación es la cuantificación y calificación de programas, metas y resultados, la determinación de las deficiencias, de los avances y de los logros en los procesos administrativos, productivos y de dirección, así como las propuestas y recomendaciones para mejorar la calidad de la gestión. Se considera a la evaluación como un proceso analítico cuyo producto básico es la identificación de problemas y la recomendación de soluciones. Se promueve un proceso de autoevaluación cuyo responsable es el Directorio de la Empresa y un proceso de evaluación externo a cargo de un Comisario Público que informa, a su vez, al Gobierno Federal. S.S.

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