Este trabajo examina en primer lugar el papel de la protesta social en las decisiones de las autoridades de facilitar el acceso al proceso decisorio de los (representantes de los) movimientos sociales. En concreto subraya la importancia de la estructura organizativa de los movimientos en los procesos de generalización de conflictos aislados en el tiempo y el espacio (coordinando las protestas y focalizando los esfuerzos de presión política, unificando la percepción de los problemas sociales y ofreciendo alternativas de política concretas, etc.).En segundo lugar, se plantea en qué medida el acceso al proceso de toma de decisiones es contingente a la existencia de conflicto social (y responde a una percepción de la participación como un mecanismo de la legitimación de determinadas decisiones) o por el contrario se institucionaliza en el tiempo (y responde a una percepción de la participación como un instrumento mediante el que mejorar la eficacia de las decisiones de gobierno). En la década de los noventa, el aumento de la capacidad del movimiento de introducir conflicto en determinados procesos de formulación y, especialmente, de implementación de políticas con implicaciones ambientales está asociado con un cambio en la actitud de las autoridades que se concreta en facilitar un mayor acceso institucional al movimiento; como, entre otras medidas, mediante la creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente o el Consejo Nacional del Agua.La evolución de estos órganos y de otras medidas (participativas) adoptadas en este momento, permiten evaluar en qué medida se produce un cambio en la forma de entender la participación del movimiento ecologista (en línea con las recomendaciones de las recomendaciones de Río 92 o la política ambiental comunitaria).

Español