Desde la recuperación de la democracia en Chile en la década del 90 los problemas de corrupción parecen estar controlados a niveles más que aceptables. En efecto, de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción del año 2001, elaborado por Transparencia Internacional, Chile se ubica en el primer lugar en Latinoamérica como país menos corrupto de la región. Esta misma medición ubica a Chile en mejor posición que países europeos como Alemania, España, Francia, Italia y Portugal, por mencionar algunos.Si bien estos logros son importantes, no se puede detener la prevención y el combate a la corrupción, especialmente cuando se están implementando en el país reformas que implican otorgar mayor discrecionalidad a los directivos públicos lo que también podría traer consigo bajar las barreras que evitan la corrupción. Es así como se hace necesario revisar la institucionalidad chilena bajo el prisma de una infraestructura ética, que permita efectuar un diagnóstico más acabado de cual es la verdadera situación chilena en materia de ética pública.La infraestructura ética es un término acuñado por la OCDE que implica considerar la voluntad y el compromiso político; la eficacia del marco institucional, en sus aspectos legales y administrativos, a este respecto interesa la rendición de cuentas y el control; la capacidad de la sociedad civil organizada; la sinergia que se produce entre todos estos elementos. En definitiva, se trata de un concepto omnicomprensivo que permite auscultar desde una visión holística la estructura chilena, tanto en sus aspectos institucionales como políticos y culturales.Chile no está exento del riesgo de corrupción sistémica, han aparecido en los últimos años nuevos casos de corrupción, y esto se constituye como una primera luz de alerta sobre lo que puede suceder en el futuro mediato. Sin embargo, hasta ahora la ciudadanía ha manifestado su repudio a los actos de corrupción, por lo que se puede señalar que no existe una cultura permisiva que admita casos de corrupción. Con todo, no basta con esperar que la cultura política servirá por sí misma para evitar los fenómenos de corrupción. Es preciso, sobre todo a nivel administrativo contar con una sólida ética pública que esté adecuadamente internalizada en los servidores públicos, y con mecanismos eficaces que permitan desde una perspectiva global evitar la corrupción. La construcción de lo anterior implica superar una serie de desafíos a nivel político e institucional para finalmente concebir la ética pública como una parte central e imprescindible en la nueva gestión pública.

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