Este artículo se inscribe en el esfuerzo reciente de análisis sobre las nuevas modalidades que adquirirá la actuación la administración pública mexicana en un contexto de intensa competencia multipartidista. Mi argumento central es que la influencia que empieza a tener y continuará teniendo (cada vez con mayor intensidad) la competencia política en la actuación de nuestra administración pública será positiva. Durante la fase de interacción de la administración con su nuevo entorno político, ésta desarrollará nuevos mecanismos institucionales que la harán más receptiva y ajustada a las demandas ciudadanas, más responsable y expuesta al juicio popular, más transparente y efectiva.Una vez descrito el argumento de manera general ahora me permitiré presentarlo más detalladamente. La competencia política provee los incentivos necesarios para alinear los intereses entre los políticos y los administradores, lo cual resulta en un aumento de la eficacia de la administración pública para satisfacer las demandas de los electores. Por el contrario, cuando la competencia política desaparece pueden preverse dos escenarios: los programas que la administración pública implementará tenderán a ser producto de las preferencias de los políticos -en lugar de las preferencias de los ciudadanos-, o los intereses entre los políticos y los administradores tenderán a divergir, lo que otorgará una mayor autonomía a los administradores para implementar programas que obedezcan a sus propias preferencias- en lugar de las preferencias de los políticos o de los ciudadanos.La coincidencia de intereses entre políticos y administradores públicos tendrá lugar en momentos de competencia electoral porque para ganar (o no perder) votos los políticos realizarán su máximo esfuerzo tanto para aprobar programas que respondan fielmente a las demandas de los electores, como para que los administradores implementen tales programas al pie de la letra. Esto último es altamente probable en un escenario de competencia por tres razones: el deseo de los administradores tanto de avanzar en sus carreras profesionales como de evitar sanciones por parte de los políticos; el estrecho escrutinio público al que estarán sujetos los administradores por parte de los partidos políticos de oposición, y el escrutinio público al que también estarán sujetos los administradores por parte de los electores.

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