Si bien la base sobre la que se genera la representación en México goza ya de un buen consenso y los procesos electorales pueden calificarse de inicialmente democráticos, el problema de la toma de decisiones no alcanza todavía la misma aceptación. Procesos políticos como los que desatan los llamados "movimientos sociales", siguen cuestionando la calidad de la representación de los intereses de la sociedad. Estas formas de "acción colectiva contenciosa", como las denomina Sidney Tarrow, resultan relevantes cuando manifiestan los "límites" con que acceden a la política expresiones ciudadanas, que se asumen como marginadas del quehacer nacional. Es del todo claro que, cuando estas formas de participación política articuladas al margen de los canales institucionales adquieren legitimidad por las demandas que expresan, son capaces de cuestionar la misma capacidad de los representantes para agregar las preferencias de los ciudadanos y traducirlas en políticas públicas que respondan al interés general.Con esta óptica, en el texto se busca recrear algunos aspectos de un "armamento político" que parece ser fundamental a la representación, gobernabilidad y políticas públicas del México "moderno": el debate en torno al proceso legislativo que aprobó la Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígena en abril de 2001.Entre los retos que plantea la construcción de una nueva gobernabilidad democrática en México, la institucionalización del respeto y reconocimiento a la identidad cultural y la no exclusión de los indígenas, parece venir ocupando un lugar central. Sin duda, la lucha por sus derechos ciudadanos plenos, la igualdad social y el reconocimiento político diferenciado, como sujeto colectivo, cobra fuerza con la acción desplegada en torno al levantamiento zapatista que emerge el 1ero. de enero de 1994.Es mi propósito observar, casi cronológicamente, la manera en que estas formas de acción colectiva y participación directa, consiguen ubicar en la agenda política nacional el tema de la representación política de las minorías, y por otra parte, documentar -así sea modestamente- cuál ha sido la respuesta institucional a esta demanda. En una palabra: ensayar un ejercicio de aproximación a los términos que ha mostrado la capacidad institucional para asumir y procesar democráticamente un severo conflicto que cuestiona los "nervios del gobierno".Si la gobernabilidad democrática expresa la capacidad de procesar intereses para aplicar institucionalmente decisiones políticas, sin violentar el marco del derecho, en un contexto de legitimidad democrática, la vigencia del conflicto indígena y la incapacidad del Gobierno del Presidente Fox para gestionar su solución, pudieran poner en entredicho la eficacia que las políticas públicas correspondientes llegaran a alcanzar, al seguir omitiendo la participación de sus principales destinatarios en su diseño.Y es que la aceptación de la democracia y su estabilidad, suelen estar vinculadas a tres procesos: representatividad, desde las formas para generar la representación hasta el nivel institucional de la toma de decisiones; responsabilidad (accountability) referida a la transparencia del quehacer del gobierno y las reglas de juego del estado de derecho; y la capacidad de la gestión del Estado como administrador del sector público y regulador de la actividad privada en beneficio del interés general.De tal suerte que, como en el mundo, el camino hacia la pluralidad política en México sigue abierto. La "acción colectiva contenciosa" está en la agenda.

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