El contenido de esta ponencia busca reflexionar sobre dos cuestiones importantes: ¿Cuál debe ser el perfil del directivo público guatemalteco en el momento actual? ¿Qué aspectos deben constituir la agenda formativa del directivo público nacional?Hoy, cuando se acepta que el papel del Estado es aún central en el desarrollo de nuestras sociedades y que los argumentos que intentaron reducirle a su expresión mínima, han encontrado límites e inviabilidad, es necesario comenzar a replantear aquellos elementos que son fundamentales en el tipo de Estado que se pretende construir.En el caso guatemalteco, el conflicto armado (1960-1996) provocó una aguda crisis en las estructuras políticas del país. La represión política afectó tanto a dirigentes políticos como directivos públicos. De suerte que, el aparato burocrático resultante de dicha confrontación está caracterizado por su acentuada rigidez, lo que impide su eficiencia, en la medida que se identifica con una estructura apegada a modelos tradicionales de organización. Uno de los rasgos más significativos de dicho modelo de administración pública es la poca importancia asignada a la calidad profesional y técnica de su personal, reflejo de la existencia de un ineficaz sistema de recursos humanos en su seno.La firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera (1996) y la finalización del conflicto armado interno, afianzó el ciclo de acciones que pretenden alcanzar un cambio en las estructuras de poder del Estado, para lograr tanto su democratización como de la sociedad en su conjunto, establecimiento y consolidando nuevas relaciones políticas, sociales y económicas.Se trata de transformar un tipo de Estado orientado en la lógica del conflicto armado, donde el ejercicio del poder estuvo fundamentado en la coacción y la fuerza, caracterizado primero, por la existencia de un modelo de función pública sujeto al personalismo, al clientelismo y al amiguismo, segundo, por una visión mono-étnica de la gestión pública, que ha marginado de la estructura del poder a los pueblos indígenas y a otros sectores sociales. Se trata de un Estado con poca capacidad de negociación, sin visión estratégica y con limitaciones para cohesionar a la sociedad.Ante el contexto de la globalización, el Estado guatemalteco además de regular, necesita al menos desempeñar tres funciones básicas: la función de negociación, la función estratégica y la función cohesionadora. Este rol principal del Estado moderno se fundamenta en una función mediadora de los intereses de los diversos grupos sociales que componen la nación guatemalteca.Dicha transformación lleva implícitamente un cambio en el desempeño del directivo público, el que ahora debe convertirse no solo en un técnico administrativo, sino en un técnico-político, con capacidad de entender y comprender los procesos políticos. Un directivo público con capacidad de dirección pública, de diálogo y negociación, que genera redes con actores públicos y privados, tanto en el ámbito nacional como internacional, conjugando esfuerzos y articulando planes.En ese sentido destacan tres ejes en la formación de directivos públicos. Primero, el desarrollo de una visión y un liderazgo acorde con la realidad étnico-nacional. Segundo, el desarrollo de una capacidad dirigida hacia el desarrollo de la cohesión social, de acuerdo al rol mediador del Estado moderno. Tercero, su formación geopolítica y geoestratégica en el marco de la globalización.

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