Hacer una evaluación del proceso político chileno postransicional para muchos resulta una osadía, porque lo cierto es, que todavía la transición en nuestro país sigue siendo una discusión abierta, que genera debates y pasiones, y es probable que la discusión siga siendo válida, porque todavía está presente en la contingencia y resulta ser uno de los pocos factores que permiten delimitar con claridad las distintas y difusas tendencias políticas que se dan en el país. Lo cierto, es que lo que pretendemos evaluar no son los niveles de avances en el proceso transicional, sino como el funcionamiento del sistema político, y su "buen" funcionamiento resulta una variable clave a la hora de hacer comparaciones que nos permitan sacar conclusiones sobre los niveles de gobernabilidad de los distintos países latinoamericanos.Lo cierto, es que el sistema político en Chile, al margen de la discusión que se pueda generar en términos de sus niveles de legitimidad, logró junto con transitar desde un régimen militar hacia un sistema democrático, hacerlo, manteniendo un crecimiento económico sostenido por más de una década, superior al 7%, y a pesar que desde 1998, hemos estado enfrentando una crisis económica que se ha traducido en altos niveles de desempleo y disminución del crecimiento de manera ostensible, lo cierto es que el país ha logrado mantener sus niveles de gobernabilidad lejos de las realidades de países como Argentina, Colombia, Venezuela y Perú. Analizar que factores institucionales, políticos y sociales han permitido generar esta realidad y de que manera podemos establecer un enfoque prospectivo sobre el tema, es la intención de esta ponencia.Samuel Huntington define las instituciones de una manera integral cuando nos advierte que son pautas de comportamiento estables , valoradas y recurrentes y Douglas North complementa la funcionalidad de las mismas, al advertirnos, que son estructuras de incentivos en la sociedad y como tal la modelan, es decir perfilan la forma como éstas evolucionan. Lo cierto , es que sin profundizar demasiado en el análisis resulta ser " un lugar común " definir que la crisis de varias democracias latinoamericanas son " esencialmente institucionales ". Argentina es el ejemplo más evidente, al enfrentarse la clase política con una profunda crisis de representatividad, que le impide implementar decisiones políticas que se traduzcan en políticas públicas, que alcancen los objetivos que se proponen, otorguen legitimidad al sistema político, y por lo tanto generen los consensos políticos y sociales que permitan superar la crítica situación que están enfrentando.Tanto Huntington como North describen dos elementos fundamentales que deben tener las instituciones para que cumplan su rol: 1)que se mantengan en el tiempo y 2) que sean valoradas. La respuesta evidente en el caso chileno es que nuestro marco institucional ha sido ciertamente estable, incluso puede pecar de inmovilismo, pero el segundo requisito, su valoración, ha resultado ser un motivo de permanente discusión en nuestra transición, lo que ha llevado a muchos actores políticos a pensar que ésta habrá terminado, cuando el debate sobre la ilegitimidad del marco constitucional que regula nuestro sistema político, y que emana de la Constitución de 1980 haya concluido definitivamente. Parece ser discutible entonces, afirmar que nuestra institucionalidad ha sido un factor clave para otorgarle gobernabilidad y solidez a nuestra democracia. Pero a pesar de esta aparente comprobación, lo cierto es, que nuestro sistema político, a pesar de todas sus carencias, en cuanto a su legitimidad de origen, ha logrado establecer los nexos necesarios entre las autoridades que toman las decisiones políticas y la ciudadanía.Las razones para que este fenómeno se haya dado pueden ser diversas, pero lo cierto es que todo lleva a concluir que en el sistema político chileno, la eficacia aparece como un requisito más importante que la legitimitad, para definir la estabilidad y valoración de las instituciones. Como lo señala Guy Peters, la gobernabilidad en democracia supone el traslado del mandato electoral a políticas concretas y con unos resultados determinados, o como refuerza Dieter Nohlen, esta condición se expresa en la capacidad de lograr la interacción entre gobernantes y gobernados, entre capacidades de gobierno y la posibilidad de dar respuestas a las demandas políticas del mismo.La duda que nos apremia, y que intentaremos resolver es ¿hasta qué punto los niveles de valoración institucional en el caso chileno se evidencia fundamentalmente a nivel de elites, pero no resulta tan evidente para ciudadanía en general?. Situación que se ha ido expresando por la generación de demandas no resueltas por el sistema político. De todas formas, de ser cierto esta comprobación reiteraría el hecho que el factor de eficacia pasa a ser un requisito, mucho más sustantivo que la legitimidad al momento de definir la gobernabilidad de un sistema político. Como lo advierte Juan Linz, al señalar los requisitos para la consolidación democrática, este aprecia tres requisitos que colocan el acento en este punto: la vigencia de un Estado de derecho, la existencia de una estructura burocrática eficiente y de una economía institucionalizada. Pero además agrega dos, que intentan resolver el problema de la legitimidad, dejando abierto el debate que estamos planteando, sobre la exigencia de construir un sistema político pluralista y competitivo y la necesidad de generar una sólida sociedad civil.

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