A partir de la década de los ochenta, algunos países latinoamericanos siguiendo la racionalidad impuesta por una política económica de corte neoliberal, acometieron la reforma de sus sistemas de seguridad social a fin de adaptarlos a las transformaciones estructurales que requería el nuevo modelo económico, es decir, menos Estados y más mercado. Así se instauraron regímenes prestacionales privados e individualistas. Venezuela, siguiendo la tendencia del resto de los países de la región, cristaliza su reforma con la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Social Integral y las leyes especiales de los subsistema que lo componen, en los años 1997 y 1998 respectivamente; las cuales debían ponerse en vigencia en plena vigencia en el año 2000.No obstante, con la instauración de un nuevo gobierno, en 1999, tal vigencia no se puso de manifiesto porque se decidió la revisión de las leyes aprobadas en la gestión anterior por considerarse privatizadora de los derechos sociales. A partir de esta fecha, Venezuela entra en un proceso de transición con miras al establecimiento de una nueva constitucionalidad, cuyos resultados son apenas incipiente en lo político, más no en el plano económico y social. Específicamente, las transformaciones que se esperan en seguridad social son nulas, en tanto aun no se cuenta con los instrumentos jurídicos que rijan la materia.El examen de la reforma de la seguridad social en Venezuela es el propósito de la presente ponencia, cuyo análisis se enmarca en el período de transitoriedad que se sigue desde la promulgación en 1999 de una nueva Constitución. Desde entonces se requirió revisar las leyes reformadas para ajustarías a las disposiciones expresas en el novel texto constitucional, el cual concibe la seguridad social como un sistema universal, solidario y que privilegia el papel del Estado en la gestión del sistema; aspectos contrarios a la orientación de las leyes anteriores.Con esta nueva configuración del derecho a la seguridad social se comenzó un debate que derivó en propuestas de leyes elaboradas por comisiones especiales nombradas por el Ejecutivo Nacional, quien decide solicitar por tercera vez a la Asamblea Nacional un vacatio legis de las leyes elaboradas en el gobierno anterior, para terminar la discusión de las nuevas propuestas. Este período de transitoriedad mantiene viva las expectativas de la colectividad sobre trascendental tema e implica otro lapso de espera para que los venezolanos logren consolidar su sistema de protección social. Para algunos la prórroga solicitada permitiría incorporar a diversos sectores a las discusiones y realizar las consultas necesarias, para otros, eso demuestra la incompetencia del Ejecutivo y la falta de coherencia entre los funcionarios del gobierno. Es esa la realidad de la reforma de la seguridad social en Venezuela, un proceso que no termina de concluir.

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