Durante las últimas dos décadas, especialmente a partir de la crisis de la deuda externa, América Latina ha abordado un proceso intenso de reformas económicas. Estas reformas han apuntado a estabilizar los precios y a liberalizar la actividad económica. En el marco de este proceso también se han reconfigurado aceleradamente las políticas sociales: buscando compatibilizar el gasto público social con los severos requerimientos de la política macroeconómica, se ha tendido a aumentar la participación del sector privado en la provisión de servicios y a focalizar el gasto público en los sectores de la población más vulnerables.En líneas generales, tanto el proceso de ajuste económico como la reorientación de las políticas públicas se han alineado con el mainstream económico predominante a partir de los ochenta: el liberalismo. En la difusión de este nuevo modelo de desarrollo orientado hacia el mercado, las agencias multilaterales de crédito (BM, FMI, BID) han jugado un papel muy importante. Sin embargo, no siempre la reforma de las diversas políticas sectoriales ha obedecido automáticamente las prescripciones derivadas del "Consenso de Washington".El objetivo de esta ponencia es, precisamente, analizar cuáles son los factores políticos que intervienen en la dinámica del conocimiento especializado en general, y más específicamente, en los procesos de transferencia de políticas a partir de las instituciones financieras internacionales. Para profundizar en este problema teórico se estudia el caso de la Reforma Educativa en Uruguay (1995-1999), una de las más importantes modificaciones estructurales realizadas en este país durante los últimos quince años. Tanto en su financiación como en su implementación, el BM y el BID jugaron un papel fundamental.Sin embargo, la orientación de la reforma no fue "importada" desde estas agencias. Muy por el contrario, el nuevo policy paradigm es fruto de un largo y complejo proceso de acumulación endógena de conocimiento especializado en el campo de la política educativa. En buena medida, el contenido de la reforma se remonta a las recomendaciones formuladas en los años 60', en el marco del proceso de planificación del desarrollo auspiciado por la Alianza para el Progreso. La alta densidad del proceso político doméstico y de la acumulación de conocimiento especializado en este sector son las dos principales claves que permiten comprender cómo y por qué, en la época de auge del liberalismo económico, una reforma auspiciada por dos de las instituciones más representativas de la nueva ortodoxia, lejos de orientarse "hacia el mercado", apuntó a ampliar el gasto público en educación y la intervención del Estado en la prestación de este servicio.

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