Se dispone de versión editada por el Ministerio de Administraciones Públicas

La sociedad evoluciona de acuerdo con sus propias reglas y se muestra en cada momento, especialmente sensible a determinados valores. Una de esas reglas que muchos consideran como un signo de modernidad en el principio de este siglo, se refiere al creciente nivel de exigencia con que los usuarios se refieren a los servicios públicos. Los ciudadanos se acomodan cada vez con mayor rapidez a niveles crecientes de calidad en los servicios que reciben y, en poco tiempo, reclaman nuevas expectativas y deseos de mejora.La exigencia en la demanda de niveles mas altos de calidad se supera constantemente, un servicio que era admitido y aceptado como bueno hace solo unos años, se percibe hoy como insuficiente, o simplemente se reclama una mejora de sus atributos de calidad. Esta progresiva exigencia, se encuentra estimulada en toda la opinión pública por la competencia propia de los sectores privados de la economía que buscan nuevas maneras de fidelizar a sus clientes, mediante técnicas en las que superan pertinentemente sus niveles de calidad. Pero sería un error pensar que las Administraciones Públicas se sustraen a estos procesos de cambios. Al contrario, esta tendencia no es ajena a la Administración Pública española. Luchar por la calidad en el sector público constituye la única estratégica posible para preservar el servicio público.El elemento fundamental con el que podemos contar a la hora de determinados cambios dentro de la estructura administrativa, es la Formación. No un proceso de formación estructurado, sino más bien la adecuación de personas y organizaciones a los nuevos requerimientos sociales a los que no podemos estar las Organizaciones Sindicales, por más tiempo ajenos. Fruto del diálogo social entre las Centrales Sindicales y la Administración en España, es el III Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas, que consolida el proceso de los dos anteriores dando paso a los siguientes retos: -Mejorar la calidad del trabajo y, de este modo, mejorar la calidad de los servicios públicos. -Contribuir al cumplimiento de las expectativas vitales de los empleados públicos. -Favorecer la integración social de los empleados públicos en el macrosistema organizativo público, permitiendo el acceso a mejores puestos y, en definitiva, dando cumplimiento a sus expectativas profesionales. -Difundir una actitud favorable hacia el aprendizaje, entendido como proceso interrumpido durante el ciclo vital, permitiendo la adaptación de sus cualificaciones a los cambios a los que se ven sometidas todas las organizaciones. -Orientar a los empleados públicos sobre las oportunidades de aprendizaje que ofrecen los distintos promotores que cooperan en el ámbito de la Formación Continua.Asumir el concepto de calidad supone para la Administración Pública dos retos diferentes pero conexos: Primero admitir que el ciudadano tiene derecho a exigir calidad, una calidad que puede comprobarse con sistemas de medición y segundo que en caso de no llegar a cumplir con la calidad exigible el usuario pueda pedir explicaciones, compensaciones de distinto tipo y responsabilidades.Es necesario realizar un profundo cambio cultural al aparato administrativo e introducir formas organizativas e innovadoras con las que podemos alcanzar mejores niveles de atención y trato al ciudadano. Para ello hacen falta Empleados Públicos y Gestores Públicos cada vez más preparados, con más formación, que den valor a conceptos tales como eficacia y eficiencia, que crean en la responsabilidad de la Administración ante los ciudadanos, en la flexibilidad de las estructuras, que estén en suma abiertos a innovaciones y experiencias y a la profesionalización.Se están sentando algunas de las bases para la reforma de la Administración Pública Española, a partir de este momento se trata fundamentalmente de contar con unos RR.HH. profesionalizados, cualificados y motivados. Tenemos una apuesta importante por delante y es la concreción de lo que serán las necesidades de la Administración para este siglo. Se distingue entre estudios universitarios de primera y segunda categoría, con criterios, en nuestra opinión, elitistas y difícilmente sostenibles. Primero porque la estructuración de carreras universitarias en nada se parecen a las que estamos acostumbrados de años atrás, muy cerrada y con curriculum muy poco permeables, segundo porque en este nuevo marco no podemos despreciar nuevas titulaciones, alguna de ellas con una incidencia clara en la Función Pública.Debemos apostar por la Formación Continua como contribución de la mejora de la calidad, fruto de la participación de las Centrales Sindicales en España en el diálogo Social, con los objetivos que refleja el III Acuerdo de Formación Continua.

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