Tipo de ítem | Biblioteca actual | Solicitar por | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Recurso digital |
Biblioteca Central
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INAP-AR:CD 45 | Disponible | 008542 |
En la Era del Conocimiento invertir en formación tiene una elevada rentabilidad personal, económica y social. En las organizaciones prestadoras de servicios, aquéllas en las que la relación entre el trabajador y el consumidor final es más intensa, la formación y la actitud de sus empleados es fundamental para transmitir una buena imagen de la organización, favoreciendo que el cliente perciba un servicio de calidad. Las Administraciones Públicas constituyen la mayor empresa de servicios de un país, de ahí la importancia que en ellas tiene la formación de su factor humano.Desde la entrada de España en la Unión Europea, en 1985, se ha generalizado un consenso entre los poderes públicos y los agentes económicos y sociales entorno a la importancia de lograr la convergencia nominal y real de nuestro país con Europa. Para hacer viable este proyecto, se requería disponer de una fuerza de trabajo con un nivel de cualificación adecuado a los requerimientos tecnológicos del mercado laboral. Es entonces cuando se toma conciencia del valor estratégico que tiene la formación como factor indispensable en la mejora de la competitividad. Pero la formación no es sólo importante para satisfacer las exigencias del sistema productivo, sino que, además, adquiere un valor destacado en el sistema de relaciones laborales. Se está inaugurando un nuevo sistema de relaciones laborales que se caracteriza por ser cada vez más cooperativo y menos conflictivo. En él el consenso gana terreno al antagonismo y a la confrontación.Desde 1992, se han sucedido tres grandes Acuerdos sobre Formación Continua, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En este último ámbito, se ha suscrito recientemente, entre las tres Administraciones Públicas y los Agentes Sociales, el Tercer Acuerdo sobre Formación Continua en las Administraciones Públicas (III AFCAP), con un período de vigencia de cuatro años.Su contenido se orienta a mejorar la calidad de la Formación Continua. Para ello, en su articulado, se recogen, por orden de prioridad, las siguientes actuaciones: Constitución de un Foro para la formación continua en las Administraciones Públicas, elaboración de un modelo metodológico para la evaluación de necesidades de formación en las Administraciones Públicas, la realización de una aplicación informática para la gestión de la Formación Continua, el diseño de un modelo metodológico aplicable a la evaluación de resultados y del impacto de la formación y la puesta en funcionamiento del Observatorio para la calidad de la formación en las Administraciones Públicas. Con él culminaría el proceso de evaluación llevado a cabo a través de la aplicación de los modelos metodológicos citados.El Instituto Nacional de Administración Pública juega un papel fundamental en el desarrollo de este Acuerdo y en la adaptación de la formación continua a los nuevos retos que presenta un mundo lleno de incertidumbres y de turbulencias.
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