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El proyecto de reforma y modernización del Estado : creación de un gobierno flexible

Por: Egaña Baraona, Rodrigo FernandoColaborador(es): Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) | Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 6 Buenos AiresDetalles de publicación: Santiago Ministerio Secretaría General de la Presidencia 2001Descripción: 22 pTema(s): ADMINISTRACION ELECTRONICA | ATENCION AL PUBLICO | CALIDAD | COMPRA GUBERNAMENTAL | CONGRESO CLAD 6-2001 | CONTROL INTERNO | CORRUPCION ADMINISTRATIVA | DEMOCRACIA | DESARROLLO DEL PERSONAL | DESBUROCRATIZACION | DESCENTRALIZACION | ESTRATEGIA DE LA REFORMA | ETICA | GESTION PUBLICA | GOBERNABILIDAD | MARCO JURIDICO | OMBUDSMAN | PARTICIPACION CIUDADANA | REFORMA ADMINISTRATIVA | REFORMA DEL ESTADO | RELACIONES CON LOS ADMINISTRADOS | RELACIONES ESTADO Y SOCIEDAD | SOCIEDAD CIVIL | CHILEOtra clasificación: INAP-AR:CD 45 Resumen: El gobierno de Chile ha tomado la decisión de modernizar el sector público con el objetivo de estructurar, en el curso de la administración del presidente Ricardo Lagos, un Estado de servicio a la ciudadanía. Para ello ha formulado el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado, el cual comprende, básicamente, dos grandes áreas de intervención, la primera referida a transformaciones en la estructura del gobierno y la administración y la segunda centrada en la gestión del sector público. El primer ámbito de acción del proyecto busca la generación de una nueva institucionalidad en diversos ámbitos de enorme relevancia en el gobierno central, creando un marco constitucional para rediseñar y reorganizar el gobierno. El horizonte de esta línea de trabajo es contar con un gobierno de estructura flexible, en que los procesos de rediseño y reorganización del ejecutivo puedan desarrollarse con fluidez y sin las dificultades legislativas hoy existentes.En términos de rediseño de los ámbitos del ejecutivo, se reorganizarán los siguientes sectores:Coordinación central de gobierno: en este campo de las coordinaciones política, programática y presupuestaria, se procurará redefinir las funciones que hoy ejercen y las relaciones existentes entre las distintas reparticiones ubicadas en el centro de ejecutivo, así como situar aquellas funciones que hoy no tienen una clara ubicación. Asimismo, se reformulará la manera cómo se ejerce el control sobre la Administración, articulando adecuadamente el rol de la Contraloría General de la República, la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, la jurisdicción contencioso-administrativa de los tribunales de justicia, el control ciudadano y las diversas disposiciones administrativas existentes.Area económica: fusión de los ministerios de economía, minería y energía, abordándose los rediseños institucionales que se requiera en materia de competencia y regulación, fomento productivo, ciencia y tecnología, institucionalidad forestal, empresas públicas y medio ambiente.Area infraestructura: creación de un Ministerio del sector a partir de los ministerios de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones.Area territorio: los sectores comprendidos en este campo son gestión de la ciudad y del territorio y patrimonio fiscal.Area social: generación de un Ministerio de Asuntos sociales, además de la reorganización de los ámbitos relativos a mujer, protección a infancia e institucionalidad preescolar.En cuanto a institucionalidad, se continuará con la profundización del proceso de descentralización del Estado, poniendo especial atención a la gestión de los gobiernos regionales, a las autoridades metropolitanas, a la descentralización institucional y a la desconcentración administrativa, sin perjuicio de seguir avanzando en la descentralización de las decisiones de inversión.El segundo ámbito de acción del proyecto tiene su foco en la gestión pública, procurando alcanzar una gestión de los servicios signada por la eficiencia, la participación de la ciudadanía en ese proceso y la transparencia de la actividad estatal. Un elemento transversal a las acciones necesarias para modernizar la gestión pública es la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a dicha gestión.Más concretamente, el proyecto considera tres dimensiones básicas dentro de la modernización de la gestión pública, las cuales incluyen la temática de los recursos humanos, en su doble dimensión de directivos públicos y funcionariado en general; las materias relativas a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía, en que el énfasis de las iniciativas inscritas en este ámbito está puesto en un cambio de mirada respecto de la relación Estado-usuario, pasando de un Estado que define ante sí mismo sus obligaciones para con la gente, a uno que se coloca en el lugar de los ciudadanos y les reconoce derechos que pueden ejercer sobre las instituciones públicas; por último, el proyecto busca perfeccionar los instrumentos y técnicas de gestión que las experiencias exitosas han ido proponiendo y aplicando, en el marco de una reflexión que apunta a sistematizar un nuevo paradigma sobre gestión pública.En materia de gobierno electrónico, se han definido tres dimensiones: buen gobierno, atención a los ciudadanos y profundización de la democracia.Por otro lado, las áreas de participación ciudadana en la gestión pública y de transparencia buscan, por una parte, profundizar las prácticas democráticas y, al prestar atención a los intereses de la ciudadanía, mejorar la calidad del servicio que se presta, y por otra, implementar una política que promueva la probidad y prevenga la corrupción al interior del Estado.
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El gobierno de Chile ha tomado la decisión de modernizar el sector público con el objetivo de estructurar, en el curso de la administración del presidente Ricardo Lagos, un Estado de servicio a la ciudadanía. Para ello ha formulado el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado, el cual comprende, básicamente, dos grandes áreas de intervención, la primera referida a transformaciones en la estructura del gobierno y la administración y la segunda centrada en la gestión del sector público. El primer ámbito de acción del proyecto busca la generación de una nueva institucionalidad en diversos ámbitos de enorme relevancia en el gobierno central, creando un marco constitucional para rediseñar y reorganizar el gobierno. El horizonte de esta línea de trabajo es contar con un gobierno de estructura flexible, en que los procesos de rediseño y reorganización del ejecutivo puedan desarrollarse con fluidez y sin las dificultades legislativas hoy existentes.En términos de rediseño de los ámbitos del ejecutivo, se reorganizarán los siguientes sectores:Coordinación central de gobierno: en este campo de las coordinaciones política, programática y presupuestaria, se procurará redefinir las funciones que hoy ejercen y las relaciones existentes entre las distintas reparticiones ubicadas en el centro de ejecutivo, así como situar aquellas funciones que hoy no tienen una clara ubicación. Asimismo, se reformulará la manera cómo se ejerce el control sobre la Administración, articulando adecuadamente el rol de la Contraloría General de la República, la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, la jurisdicción contencioso-administrativa de los tribunales de justicia, el control ciudadano y las diversas disposiciones administrativas existentes.Area económica: fusión de los ministerios de economía, minería y energía, abordándose los rediseños institucionales que se requiera en materia de competencia y regulación, fomento productivo, ciencia y tecnología, institucionalidad forestal, empresas públicas y medio ambiente.Area infraestructura: creación de un Ministerio del sector a partir de los ministerios de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones.Area territorio: los sectores comprendidos en este campo son gestión de la ciudad y del territorio y patrimonio fiscal.Area social: generación de un Ministerio de Asuntos sociales, además de la reorganización de los ámbitos relativos a mujer, protección a infancia e institucionalidad preescolar.En cuanto a institucionalidad, se continuará con la profundización del proceso de descentralización del Estado, poniendo especial atención a la gestión de los gobiernos regionales, a las autoridades metropolitanas, a la descentralización institucional y a la desconcentración administrativa, sin perjuicio de seguir avanzando en la descentralización de las decisiones de inversión.El segundo ámbito de acción del proyecto tiene su foco en la gestión pública, procurando alcanzar una gestión de los servicios signada por la eficiencia, la participación de la ciudadanía en ese proceso y la transparencia de la actividad estatal. Un elemento transversal a las acciones necesarias para modernizar la gestión pública es la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a dicha gestión.Más concretamente, el proyecto considera tres dimensiones básicas dentro de la modernización de la gestión pública, las cuales incluyen la temática de los recursos humanos, en su doble dimensión de directivos públicos y funcionariado en general; las materias relativas a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía, en que el énfasis de las iniciativas inscritas en este ámbito está puesto en un cambio de mirada respecto de la relación Estado-usuario, pasando de un Estado que define ante sí mismo sus obligaciones para con la gente, a uno que se coloca en el lugar de los ciudadanos y les reconoce derechos que pueden ejercer sobre las instituciones públicas; por último, el proyecto busca perfeccionar los instrumentos y técnicas de gestión que las experiencias exitosas han ido proponiendo y aplicando, en el marco de una reflexión que apunta a sistematizar un nuevo paradigma sobre gestión pública.En materia de gobierno electrónico, se han definido tres dimensiones: buen gobierno, atención a los ciudadanos y profundización de la democracia.Por otro lado, las áreas de participación ciudadana en la gestión pública y de transparencia buscan, por una parte, profundizar las prácticas democráticas y, al prestar atención a los intereses de la ciudadanía, mejorar la calidad del servicio que se presta, y por otra, implementar una política que promueva la probidad y prevenga la corrupción al interior del Estado.

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