El cambio en las formas tradicionales de intervención estatal en la provincia, sin que las nuevas formas hayan sido suficientemente comprendidas e internalizadas, tanto por el Estado como por los actores sociales involucrados, determina que se observen algunas disfunciones que podrían afectar la legitimidad de esas intervenciones y de los procesos de racionalización administrativa en que se sustentan.En la provincia de Río Negro se han privatizado o reconvertido en sociedades del Estado, como paso previo a su privatización, distintos organismos prestadores de servicios públicos, algunos de ellos altamente eficientes y especializados en el cumplimiento de sus funciones, como es el caso del ex Departamento Provincial de Aguas (D.P.A.), que funciona actualmente como ente regulador de sus antiguas funciones, ahora asumidas por Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (A.R.S.A.).Por la importancia que la administración del recurso tiene en la provincia, por la variedad de actores e intereses que se ponen en juego y por la particular vinculación de los cambios en las modalidades de prestación de los servicios, con las características que adopta la transformación del Estado rionegrino, el trabajo constituye esencialmente un aporte a la comprensión de las estrategias de racionalización asumidas y a la dinámica de la interacción entre estado y sociedad en un contexto de crisis.En este sentido, se investiga la capacidad de gestión del Estado para atender los requerimientos de la sociedad, ejerciendo su función de regulación, en este caso desde un ente regulador de reciente creación, con la intención de promover los comportamientos adecuados entre los actores.Es así como se identifica la capacidad del organismo regulador para cumplir las funciones que le han sido formalmente asignadas, en su vinculación con las medidas de racionalización administrativa y organizacional concretadas por el gobierno de la provincia. Esto impacta, sin duda, sobre la legitimidad de las medidas adoptadas, contribuyendo a la conformación de la situación contextual de gobernabilidad en la que desarrolla sus funciones la actual gestión de gobierno.La capacidad institucional de gestión del D.P.A. se analiza a través de su marco normativo, de su estructura organizacional, de la asignación de recursos, de la gestión administrativa y de las prácticas gerenciales en los distintos ámbitos del organismo, como así también a partir de las percepciones de los actores involucrados con relación a aquellos aspectos condicionantes de la capacidad institucional del D.P.A., con especial referencia a la legitimidad y posibilidades de sostenimiento de las medidas de racionalización administrativa y organizacional que afectaron el servicio considerado.

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