Los servicios civiles en América Latina fueron objeto de distintas reformas en los últimos años, y el downsizing ha sido la principal característica en el diseño de sus objetivos: reducir empleos, restringir el gasto en personal, flexibilización laboral, privatizaciones y tercerización de servicios, entre otros, fueron instrumentos utilizados con frecuencia. En una segunda etapa se pasó a dar más importancia a la profesionalización y el desarrollo de una administración gerencial eficiente, ocupando la atención el desempeño del sector público en procura de mayor efectividad en la realización de las políticas públicas. Este proceso no fue lineal, sino pendular: hubo reflujos después de cierta modernización, hacia nuevos ajustes.No obstante las variaciones de estas políticas y sus resultados, objetivos centrados en el fortalecimiento de los principios democráticos que subordinan la administración al interés público se manifiestan débilmente. Por ello nos proponemos realizar un análisis en el cual la función pública es percibida no sólo como agente encargado de la elaboración de proyectos, de la aplicación de regulaciones, de la producción de bienes y de la provisión de servicios, sino que se trata de un agente responsable de asegurar valores colectivos.El trabajo procurará focalizar las factores que, en el diseño institucional de la función pública, intervienen en el ejercicio democrático del poder del Estado como garante del bien común. En particular, a la interacción entre la función pública y los políticos electos en tanto portadores del mandato popular, y por ende de la legitimidad democrática del gobierno del Estado.Intentamos llevar el debate sobre la gestión pública más allá de la eficiencia, en el entendimiento que, de lo contrario, se oculta la dimensión mas relevante del interés público, que le otorga su sentido a la gestión pública, como servicio a la ciudadanía.El análisis no cuestiona, sino que procura consolidar el desempeño eficaz y eficiente en la gestión pública, como contribución indispensable para el bien común, reconociendo el conflicto de agencia originado por una burocracia y una política autorreferenciadas, no responsabilizadas y corporativas.¿Desde que posición la política, los políticos, enfrentan la discusión sobre la función pública? ¿Cuál es la valoración que de las funciones de la política y de los políticos hacen los administradores, gerentes o funcionarios ? ¿Qué puede inferirse de la suerte del interés público si políticos y gobernantes recurren al patronazgo, a funcionarios meritocráticos o a gerentes contratados? ¿Es posible discurrir sobre la suerte del interés público prescindiendo de la respuesta a estos interrogantes?

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