Desde la década del 60, el sistema de obras sociales constituyó el espacio institucional que por excelencia expresara dos características de la vida política argentina: la cronológicamente breve, pero significativa consolidación de un sistema de derechos sociales construido alrededor de la figura del trabajador (asalariado y formal) y el lugar protagónico que a lo largo de 4 décadas ocupó el sector sindical, interlocutor y garante, a la vez, de proyectos políticos, económicos y sociales de orientación y contenidos (materiales y simbólicos) muy variados.En este trabajo analizaremos las principales transformaciones operadas en el sistema de obras sociales desde 1993 en adelante, aunque con especial énfasis en los últimos 4 años (desde 1997, momento de la primera implementación parcial de la reforma denominada de "Libre Afiliación"). El análisis se centrará básicamente en una perspectiva que explora las condiciones y prácticas sociales y políticas en las que dicha reforma se ha asentado, pero también las que, a la vez, genera, alienta y desalienta para los actores involucrados. Para ello, analizaremos el comportamiento de los que aquí consideramos algunos de los "actores relevantes" del sistema, así definidos por razones teóricas y empíricas, aunque nos detendremos especialmente en el sindicalismo y los decisores, de características por cierto crecientemente complejas en los últimos años.La hipótesis del trabajo es que los procesos de "reforma" de las Obras Sociales que se inscriben en la perspectiva definida como"mercadista/neoliberal" no han tendido a "más mercado y menos Estado", sino a una combinación Estado-mercado en un orden social global marcadamente diferente. Dentro de este último, los rasgos principales de esa "nueva" combinación en el campo de la salud son: a) una creciente individualización de los destinatarios de la atención; b) su responsabilización por los resultados de los propios procesos de atención de la salud; c) reorientación desde el rol de financiador-proveedor del Estado hacia el de regulador-financiador (aumentando y estimulando la financiación privada) con prioridad en la fijación de "mínimos" y el "control de calidad"; y d) aliento de incentivos de oferta y demanda, también a cargo de los usuarios de los servicios.En resumen: usuarios que en el sistema de salud ya no revisten otra condición, ni identidad, ni derechos, que la de consumidores, una concepción de Bienestar que gira desde el Estado hacia la sociedad (Welfare State vs Welfare Society) y una sustracción de las instituciones y los contenidos colectivos que la salud tuviera en términos de derecho social y, por lo tanto, políticamente garantizado.

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