El trabajo desarrolla un análisis de las capacidades institucionales de las agencias reguladoras del sector de las telecomunicaciones en Argentina. Este caso presenta algunas especificidades interesantes para aproximarse al controvertido proceso de privatizaciones de servicios públicos que tuviera lugar a partir de la Reforma del Estado argentino en 1989. Como se expone, la privatización de la empresa telefónica ENTEL constituyó una de las primeras experiencias en materia de transferencia de servicios públicos al sector privado, cuestionada desde sus orígenes, entre otros avatares, por el tratamiento "residual" que recibiera la política de regulación. Así, desatendiéndose la mayoría de las recomendaciones que aporta la experiencia internacional para estas situaciones, no sólo no se procuró un marco regulatorio para el sector, sino que tampoco fue creado el organismo regulador a su debido tiempo.El primer ente regulador, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), fue objeto de múltiples intervenciones por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Luego de un complejo proceso de "configuración-desarticulación", aparece un nuevo organismo, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), pero despojado de las atribuciones regulatorias conferidas inicialmente a la CNT. Por tal motivo, se consideró conveniente incluir en el análisis a la Secretaria de Comunicaciones quien, como productora de la normativa y representante del Estado en los conflictos de mayor trascendencia, ocupa un espacio de preeminencia en el ejercicio de la regulación del sector.Para conocer la relación entre ambas agencias y en qué medida y con qué resultados han encarado los objetivos regulatorios dispuestos en la normativa, se estudian un conjunto de reglamentaciones que, junto a las características específicas de cada uno de los organismos evaluados, ponen de manifiesto la endeblez de la institucionalidad regulatoria en Argentina. Para finalizar, se repara en los aspectos del contexto institucional y del entorno microinstitucional, cuya reformulación debiera llamar la atención a aquellos gobiernos interesados en evitar el "fracaso regulatorio" (Spiller, 1997).

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