En las últimas décadas y a la luz de los procesos de reformas de mercado implementadas en América Latina, la incorporación de nuevos modelos de gestión que orienten la misma hacia la calidad de la prestación de los servicios públicos, ha puesto en la agenda pública la discusión sobre las normas que regulan el funcionamiento del personal de la administración pública. La gestión orientada a los resultados dirige sus esfuerzos fundamentalmente hacia una redefinición del papel de los funcionarios públicos. En este contexto, la responsabilidad de los mismos con su tarea no debería concentrarse sólo en la observancia de las normas y procedimientos administrativos sino que se hace necesario reformular su papel transformando a los mismos en servidores públicos.En este contexto, la estructura de incentivos tradicionalmente presente en las administraciones públicas en los países de América Latina ha sido cuestionada, poniendo el acento en la rigidez de los mecanismos de contratación y de evaluación del desempeño del personal del Estado.Sin embargo, estos enfoques gerencialistas descuidan otros aspectos igualmente o más importantes para entender la dinámica en la que operan las burocracias en países como Argentina. En este sentido, los burócratas se encuentran insertos en una red institucional y están principalmente responsabilizados ante los políticos, de quienes formalmente emana su autoridad. Con la introducción de nuevos modelos orientados hacia el logro de resultados y a la satisfacción del ciudadano, los funcionarios parecieran cada vez más, estar responsabilizados a través de una doble relación. Por un lado, la necesidad de rendir cuentas ante los políticos por la implementación de las políticas públicas. Por otro lado, ante la necesidad de satisfacer las demandas de los ciudadanos -especialmente de sus clientelas- en relación con la provisión con calidad de los servicios públicos.El reconocimiento de esta doble relación implica analizar la incorporación del esquema de incentivos de los agentes del Estado dentro de la estructura institucional, la que da sentido y condiciona el éxito o fracaso en la aplicación de los mismos.A partir de lo anterior el objetivo del presente ensayo es, analizar los enfoques predominantes en materia de reforma del Estado, los incentivos más comunes propuestos para recompensar la productividad laboral y el desempeño de la función -los incentivos monetarios y los contratos temporarios- en el contexto de las condiciones político-institucionales presentes en dichos países, con especial referencia al caso argentino. Entre esas condiciones encontramos, las particulares relaciones establecidas entre políticos y burócratas, la composición y el perfil de los burócratas y las áreas de políticas, en las que varía la definición de indicadores y estándares de calidad que permitan responsabilizar a los burócratas por el desempeño de su función.

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