Posteriormente al proceso de reformas estructurales de los noventa en Argentina, uno de los efectos verificados fue el paulatino y creciente deterioro del Mercado de Trabajo. El saldo fue constatado a diferentes niveles, nuevos sectores pasaron a integrar el mundo de la pobreza, aumentó la desocupación masiva y, como consecuencia, un número importante de personas quedaron en situación de exclusión respecto al acceso de bienes y servicios y del sistema de seguridad social.Puntualmente, en aquellos hogares, donde se registró la pérdida del puesto de trabajo del principal sostén económico del núcleo familiar, se combinaron la desintegración material y la desintegración simbólica provocando serias dificultades para la reproducción de sus vidas cotidianas. El desafío del Estado central a partir de la alternancia en el gobierno de una coalición de partidos políticos (1999/2003) fue planificar una Política Social integral y decidida para la inclusión social de estos grupos excluidos, buscando con eficiencia y eficacia la reconstrucción de la trama social urbana recuperando los derechos sociales y superando la lógica de brindar sólo asistencia para la satisfacción de necesidades.Este es el contexto en que se diseña e implementa la experiencia de un Plan Social desde la Secretaría de Tercera Edad y Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, que sostiene a la educación y al conocimiento como claves en la estrategia de inclusión de estos colectivos sustentado la implementación en una reconceptualización de la idea de trabajo, vinculándolo con la noción de "estudiar es trabajar".Y en este escenario, la experiencia piloto interviene implementando acciones en aquellos hogares con mujeres jefas desocupadas con menores de 14 años a cargo, considerando que ellas cumplen una función táctica en la integración social de sus familias como eje que articula las prácticas familiares y comunitarias.Desde esta perspectiva, el Plan, aboga primero en dar accesibilidad a este colectivo social, facilitándoles el ejercicio del derecho a la educación contribuyendo a mejorar no sólo el capital humano individual sino la base general del conocimiento de su comunidad y el capital social local. Finalmente se señala que la meta social del plan consiste en contribuir a mejorar la calidad de vida de estas familias instalando para ello una modalidad de intervención social articulada entre los tres niveles de estado: nación, provincia y municipio, haciendo eje en la promoción de los derechos sociales.

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