El énfasis puesto durante las décadas del ́80 y ́90 (organismos internacionales de crédito mediante) para generar procesos de desarrollo estaba puesto en el crecimiento económico y para ello se postulaba el equilibrio de las cuentas macroeconómicas. En este marco, las reformas del Estado que se llevaron adelante tenían como prioridad la reducción del gasto tendiente a aminorar el déficit fiscal y partían del supuesto general de una creciente burocratización cada vez más ineficiente. Para las políticas sociales, asimismo, se promovieron transformaciones sobre ejes tales como la descentralización, la privatización y la focalización; cada uno enmarcado en discursos que declamaban mayor participación.Estas reformas subestimaron la importancia de tener agencias estatales capaces de dar respuestas a los problemas sociales. En la segunda mitad de la década pasada, las mismas agencias internacionales llamaron la atención sobre la necesidad de contar con buenas burocracias y fortalecer las capacidades institucionales para promover el crecimiento y reducir la pobreza. En esta dirección han apuntado varios programas y líneas de crédito implementadas a partir de entonces.Las áreas de Desarrollo Social (tradicionalmente denominadas como de Bienestar o Acción Social) se han caracterizado por un posicionamiento marginal y residual dentro del Estado y por prácticas clientelísticas y asistenciales. Es difícil establecer los impactos de los procesos de "modernización" en éstas áreas, en particular en lo referente a las capacidades de gestión pública.El análisis se pone complejo si tomamos en cuenta la heterogeneidad de los contextos político-institucionales de cada provincia, donde estos procesos se despliegan en el marco de sistemas políticos locales que deben enfrentar crisis sociales recurrentes con una cada vez mayor escasez de recursos.En tal sentido y asumiendo la necesidad de revalorizar las instituciones dentro de la agenda política, es que resulta de importancia significativa contar un diagnóstico de las capacidades de los gobiernos provinciales y especialmente las áreas responsables de las políticas y programas sociales.Esta ponencia presenta los resultados de un trabajo diagnóstico sobre la capacidad de gestión de las áreas sociales de algunas provincias argentinas para hacer frente a sus principales desafíos.Este análisis constituye una aproximación de tipo exploratoria desde el lado de la oferta pública a los modos de funcionamiento organizacional, a la identificación de los actores relevantes y a las instituciones formales e informales que dan marco a la acción estatal. Asimismo, se intenta realizar un aporte a la discusión metodológica sobre los instrumentos que permiten evaluar las capacidades institucionales de gestión social.

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