Publicado también en Reforma y Democracia: Revista del CLAD, No. 7 (Ene. 1997)

Se describen los cambios de rol de actores que participan en la gestión y ejecución de programas sociales en América Latina. Se señala el desplazamiento de responsabilidades hacia los propios actores, la desburocratización de la política social, su apertura a iniciativas de la sociedad, y se propone una tipología de los modelos de articulación entre aparato estatal y sociedad civil.La modernización del área social del Estado, en términos de la orientación del gasto social en función de una demanda racional tiene un doble objetivo. Por una parte, facilita el trabajo de gestión y ejecución al aparato social del Estado, en la medida en que descarga parte de la tarea sobre los propios beneficiarios. Por otra parte, contribuye a una mayor diligencia y desconcentración de decisiones y acciones. Desde el punto de vista político, propicia la sustitución de sesgos clientelares y paternalistas del apoyo social, por mecanismos más democráticos.Sin embargo, la asignación de recursos públicos contra demandas de los beneficiarios organizados no necesariamente tiene un efecto focalizador hacia los más pobres. Esto trató de resolverse mediante iniciativas tales como el Fondo de Inversión Social (FIS) en Bolivia, el Programa de Red Comunitaria de Atención Infantil en Ecuador y el Programa Beca Alimentaria en Venezuela.La movilización de actores múltiples en programas de apoyo productivo y promoción social a los pobres rurales constituye un eje medular para superar la pobreza. Con esta orientación se incluyen programas como el DRI en Colombia, el Programa Nacional de Solidaridad en México. El cruce entre un sistema coordinado de apoyo a programas participativos y un sistema de oferta de recursos y servicios contra demanda parece ser un aspecto clave para la rearticulación de los programas contra la pobreza rural.La pobreza urbana se asocia con la informalidad productiva, de modo que la política social en esta área requiere orientarse más hacia la promoción productiva de los actores excluidos de la economía moderna. Esto obliga a articular distintos agentes institucionales en el impulso a programas productivos en el sector informal, crear sistemas de información, promover formas de organización productiva a escala micro, y poner en marcha la asignación de recursos en función de los proyectos presentados por los propios beneficiarios.La reforma educacional es un ejemplo de política social sectorial con redefinición de actores. En esta materia el caso chileno reviste especial interés, dado los resultados obtenidos mediante la descentralización, la municipalización y la privatización de la educación en distintos estratos sociales. En este contexto de cambios, la participación de actores de la sociedad civil puede darse en distintos niveles.A manera de conclusión, se presenta una tipificación de tres paradigmas contrastantes, a saber: el Estado planificador periférico, el Estado neoliberal moderno y el Estado democrático moderno. Sobre esta base, se discute el papel el Estado, el sentido de la equidad, los mecanismos de toma de decisiones, los patrones de articulación Estado-sociedad, la magnitud y perfil de los sectores sociales del Estado, y la descentralización. C.S./M.T.

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