Publicado también en Boletín de Resúmenes del CLAD, Vol. 4 No. 4 (Jun. 88)

El documento contiene una de las ponencias presentadas en el Seminario Regional sobre reestructuración económica en América Latina, efectuado en México, en abril de 1988. Es importante partir señalando que las empresas públicas españolas se separan, en buena medida, del estereotipo de las e.p. de los países desarrollados. En ese contexto, es interesante exponer algunas ideas centrales sobre los problemas característicos a que hacen frente estos organismos. 1) Existe un problema referente a los objetivos de las e.p. Estos organismos tienen objetivos propios que se sitúan en una de las áreas tradicionales de intervención del estado en la economía: la creación de infraestructura, la modernización de sectores considerados estratégicos cuando la iniciativa privada no entra en ellos y, en ciertos casos, la ayuda a la ordenación del mercado. 2) A las e.p. se les ha pedido con frecuencia la consecución de objetivos contradictorios o inadecuados; una parte de la ineficiencia de estos organismos se debe a la imprecisión y frecuente cambio de objetivos que implica una inadecuada utilización de estas empresas en tanto instrumentos de política económica. 3) Es preciso diferenciar entre objetivos orientados hacia el mercado y ajenos al mismo; ambos deberían encontrarse diferenciados en la propia contabilidad de las empresas, hecho que no se da, lo que impide disponer de una información transparente y precisa sobre costos. 4) Resulta imprescindible acercar las condiciones reales de financiamiento de la empresa pública a las de la empresa privada; ello implica acciones relativas a la gestión interna y relativas a la eliminación de trabas burocráticas que pesan sobre las e.p. 5) Una dificultad que frecuentemente enfrentan las e.p. es la existencia de un inadecuado sistema de incentivos internos; los salarios son netamente inferiores a los del sector privado. 6) Existen problemas de difícil solución relacionados con las actitudes de los agentes sociales respecto de la empresa pública; los gobiernos tienden a considerarlas como una parte del aparato político estatal rompiendo frecuentemente la estabilidad de los equipos directivos; los empresarios privados tienden a considerarlas como competidores desleales, lo que no impide para que presionen para que el estado se haga cargo de empresas en crisis; y los sindicatos tienden a considerar a los trabajadores de estas empresas como semifuncionarios y a sostener prácticas de negociación colectiva independientes de los objetivos de las e.p. y de la situación económica en que se desenvuelven. 7) Por último, está el problema del proceso de reprivatización; hay que señalar que éste no puede perseguir la eficiencia del sector público ya que si se vende una empresa deficitaria se hace a precio nulo y si se vende una que da beneficios sólo contribuye temporalmente a mejorar las finanzas públicas, si los ingresos se consideran como corrientes. Las políticas de privatización seguidas por los gobiernos conservadores no persiguen un saneamiento del sector público sino mejorar resultados sólo a corto plazo. En conclusión, se puede decir que el futuro de las e.p. depende de la definición de una política industrial que supere los problemas aquí expuestos, sobre todo a nivel de objetivos de las e.p. S.S.

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