Publicado además en Boletín de Resúmenes del CLAD Vol. 3 No. 3 (Mar. 1987)

El documento contiene la ponencia venezolana ante el Seminario Internacional sobre Relación Gobierno Central - Empresas Públicas. En el caso de Venezuela se aprecia una situación caracterizada por la inexistencia de un instrumento legal que regule de manera global las empresas públicas y sus relaciones con el gobierno central. El sector empresarial público en Venezuela, como resultado del hecho mencionado, presenta un alto grado de dispersión, falta de coordinación y deficiencias serias a nivel de la organización y administración. Se ha intentado solucionar el problema a través de la estructuración de grupos sectoriales de empresas, pero esto sólo se ha realizado parcialmente. Más aún, algunas decisiones tomadas hacen pensar en un super holding integral. Actualmente, muchas de las empresas no tienen una vinculación directa con el ministerio encargado del sector donde operan e incluso, en muchos casos, puede afirmarse que ni la creación de la empresa ni su participación en filiales ha obedecido a una política general preestablecida; por el contrario, ha respondido a necesidades inmediatas o a consideraciones de oportunidad, lo que ha provocado, a su vez, la existencia de empresas independientes, no estructuradas por sectores. Pero, en todo caso, la estructuración del sector empresarial público por grupos constituye el hecho más significativo en el intento que se ha hecho para regularizar este sector. El objetivo de esta reestructuración es la de obtener mayores beneficios y mejores sistemas de dirección y coordinación. Además, la organización de las empresas matrices tenedoras de las acciones de las empresas del sector tiene el mérito de interponer una instancia entre el órgano político (Gobierno) y el órgano técnico (empresa operadora), instancia que resultará positiva en la medida que se mantenga en la misma un personal competente desde el punto de vista técnico y no sometido a las variaciones del poder político. Por otra parte, se persigue que estos holdings no sean exclusivamente organismos financieros; se trata de que dispongan de los elementos necesarios que les permitan actuar más globalmente en el control y dirección de las empresas filiales a objeto de que éstas puedan desempeñar el papel que les corresponde como instrumentos de desarrollo económico. Se puede afirmar, entonces, que el problema más grave que existe en Venezuela es la falta de una Ley Orgánica que regule el sector de las empresas públicas, lo que genera: 1) imprecisión de las denominaciones "empresas públicas", "empresas del estado" y "administración pública nacional descentralizada", 2) indeterminación del contenido conceptual de los vínculos entre administración centralizada y descentralizada, 3) falta de directrices generales que fundamenten la creación de las empresas públicas y de criterios unificadores que orienten su funcionamiento, 4) todo ello frustra muchas veces la consecución de los fines de las empresas públicas o conducen a su consecución a través de medios nada ortodoxos y 5) la existencia de dobles mecanismos de control sobre las empresas públicas, lo que indudablemente resiente sus estructuras y su eficiencia. S.S.

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