Publicado además en Boletín de Resúmenes del CLAD Vol. 3 No. 3 (Mar. 1987)

El presente trabajo, presentado ante el Seminario Internacional sobre Relación Gobierno Central - Empresas Públicas, constituye un análisis de los problemas básicos que enfrenta esta relación y señala algunos rumbos posibles en materia de futuras reformas; no se intenta presentar soluciones sino, más bien, se propone una metodología para identificar los problemas y se da una orientación para buscar las soluciones. Se parte del supuesto básico de que las empresas públicas pueden ser consideradas como sistemas entrópicos caracterizados por: a) Deterioro de la capacidad del gobierno central para proporcionar objetivos a las empresas públicas, controlar su cumplimiento y evaluar su gestión; b) Creciente complejidad de las regulaciones, las cuales además tienden a ser uniformes, no considerando las especificidades de cada empresa pública; c) Presencia de un conjunto de precios políticos, subsidios ocultos y objetivos sociales no discutidos lo que confiere oscuridad a la operación del sistema; d) Carencia total de incentivos; e) Alta rotación en los niveles directivos; f) Existenciade un clima organizacional que desalienta los cambios. En suma, las empresas públicas en tanto sistemas, se caracterizan por una innecesaria complejidad, por carencia de objetivos, por su oscuridad y por la prevalencia de conductas formalistas y rutinarias. Frente a este conjunto de problemas, se han buscado respuestas muy variadas cuyos patrones básicos son los siguientes: a) Ubicar a la persona adecuada en el lugar adecuado; b) Actuar sobre el uso de fondos por parte de las empresas públicas, restringiendo su utilización y c) Introducir restricciones a las fuentes de fondos. Estos tipos de respuesta han fracasado. En consecuencia, es necesario concebir nuevas estrategias de cambio que reemplacen a estos enfoques fiscalistas. En el pasado, el foco de atención fue el de controlar y restringir las empresas públicas, enfatizando su carácter de públicas. Hoy, la prioridad debe ser otra: recuperar el espíritu empresario que se fue desdibujando, tanto en las empresas públicas como en el gobierno central. En las empresas, ello significa enfatizar la necesidad de eficiencia y mantener presión sobre los costos. En el gobierno, implica establecer y difundir la capacidad gerencial necesaria para administrar un complejo industrial y de servicios de la magnitud que hoy tiene el conjunto de las empresas públicas. Todo esto requiere, esencialmente, de una redistribución y explicitación del poder en el sistema. El poder que inevitablemente tiene una empresa pública debe ejercerse en una mesa de negociaciones; debe reforzarse la influencia de los organismos sectoriales para aumentar su capacidad negociadora y deben modificarse los organismos reguladores. Una de las formas posibles para introducir estos criterios es la de poner en funcionamiento los acuerdos-programa que, partiendo de unos pocos acuerdos básicos evolucionen hacia una concertación global; la esencia de los acuerdos-programa debe ser la negociación concebida como un proceso de aprendizaje, tanto para la empresa como para los organismos de gobierno; otra característica que deben tener los acuerdos-programa, para transformarse en reales instrumentos de cambio, es la flexibilidad, no centrándose solo en las metas de la empresa sino también en su posición, compromisos, regulaciones y en los incentivos. S.S.

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