Publicado además en Boletín de Resúmenes del CLAD Vol. 3 No. 3 (Mar. 1987)

En la ponencia, presentada ante el Seminario Internacional sobre Relación Gobierno Central - Empresas Públicas, se analiza la situación actual que se da en Perú, en este terreno. El sector de empresas públicas peruano, que en 1968 reunía 40 unidades creció a 234 actualmente. Se ha dado, pues, un crecimiento explosivo; pero ha sido desordenado e inorgánico. Este se refleja en las normas que rigen el sistema, en la mayoría de los casos inadecuadas y contradictorias entre sí. En 1979 se inicia un proceso de ordenamiento legal que luego se frustra por indecisión gubernamental. Así, los grandes problemas de las empresas públicas quedan sin resolver. La situación se agrava cuando se desata la crisis económica; los índices de rentabilidad bajan, el endeudamiento crece y el déficit se acrecienta cada día. Actualmente, los grandes problemas que enfrenta el sector de las empresas públicas se pueden sintetizar así: ausencia de objetivos y metas políticas claras; distorsiones que se vienen soportando desde su creación (especialmente presupuestarias); la excesiva ingerencia del gobierno central en la gestión de las empresas públicas conduce a que las decisiones netamente empresariales no sean ni oportunas ni racionales; falta de control y evaluación de la gestión empresarial; falta de continuidad de los miembros de los directorios y de los funcionarios; y una alta desarticulación del sector de las empresas públicas en su conjunto. El actual gobierno se ha planteado la readecuación del area de las empresas públicas, adaptándolas a la nueva filosofía de gobierno imperante, dándoles mayor autonomía en su gestión y redefiniendo sus objetivos y metas. Esta tarea será asumida fundamentalmente por el CONADE (Corporación Nacional de Desarrollo). Para alcanzar dichos objetivos generales el gobierno ha adoptado los siguientes lineamientos generales: reforzar el papel del CONADE; constituír conjuntos empresariales por sectores productivos; desarrollar un régimen de dirección por objetivos y evaluación de resultados; concentrar la atención en las empresas públicas más grandes; poner en marcha un Fondo Nacional de Financiamiento del sector de las empresas públicas (FONAFE). A partir de estos lineamientos generales se han implementado las siguientes acciones: evaluación de los presupuestos adoptando una metodología uniforme; establecimiento de normas de austeridad y control de remuneraciones; realización de una evaluación situacional de cada una de las empresas públicas, efectuando un seguimiento trimestral de las mismas; se han elaborado los lineamientos de política empresarial, actualmente en discusión para aprobación; se ha establecido una metodología de evaluación de la gestión que parte de la celebración de contratos de compromiso en los que se detallan objetivos y metas concretas para un determinado período; con el objeto de ordenar y reagrupar a las empresas públicas se han definifo los campos en los cuales debe intervenir el Estado (actividades estratégicas, de infraestructura básica, comercialización interna y externa de bienes básicos y actividades que generan divisas); se han establecido conjuntos empresariales; se implementó el FONAFE; se ha impulsado la descentralización y se ha apoyado el desarrollo regional, ampliando las actividades de CONADE. S.S.

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