Publicado además en Boletín de Resúmenes del CLAD Vol. 3 No. 3 (Mar. 1987)

El documento contiene la ponencia nicaraguense ante el Seminario sobre Relación Gobierno Central - Empresas Públicas. Las empresas públicas constituyen, en Nicaragua, el llamado Area de Propiedad del Pueblo que es la expresión económica del Proyecto Revolucionario y el eje del dinamismo de las transformaciones estructurales y de las relaciones de clase del país. En esta area es donde se refleja el esquema de economía mixta que se impulsa y que contiene el Programa del Gobierno Revolucionario; allí se plantea "el avance hacia la conformación de una economía mixta en la cual coexistan: un area de propiedad estatal y de propiedad social...y un area privada..." Los elementos normativos que conforman el marco jurídico que rige la creación, instalación y funcionamiento de las empresas públicas tienen su fundamento en el concepto de que la empresa pública es una entidad económica con personería jurídica propia y que constituye el eslabón primario de la economía nacional. Las empresas tienen un nivel de autonomía que se manifiesta en las siguientes formas básicas: en un ámbito amplio (empresas que funcionan al márgen de organismos fiscalizadores externos como la Contraloría) y en un ámbito menor (empresas vinculadas a los sistemas centrales de coordinación). En la realidad, hay muchas empresas que han funcionado al márgen del sistema regulatorio, obteniendo gran flexibilidad y agilidad en su operación. La relación entre el Gobierno Central y las empresas públicas se da por medio de sus organismos planificadores, de presupuesto y de control. Para implementar las funciones de control, el gobierno cuenta con tres organismos: Contraloría, Ministerio de Finanzas y Secretaría de Planificación y Presupuesto. Un análisis de la situación actual de la empresa pública en Nicaragua permite adelantar algunas conclusiones en torno a la problemática que se enfrenta en esta area. La guerra de agresión a que es sometido el país ha conducido a un grave deterioro de los términos de intercambio, afectando el funcionamiento de las principales empresas del país. Existe la necesidad de precisar la clasificación de las actuales empresas para fines de planificación. También es necesario definir el concepto de lo que debe ser la empresa pública con el fin de promulgar políticas coherentes. El marco legal que rige la creación de las empresas públicas es incompleto. Las actuales modalidades de relación entre los órganos de gobierno y las empresas bajo su adscripción son ambiguas porque carecen de pautas funcionales; se enfatiza demasiado el cumplimiento de las cifras productivas en detrimento de la relación producción-costo. No existe un sistema global de seguimiento, control y evaluación de la gestión empresarial, donde se definan las variables que deben ser sujetas a control, los parámetros y los indicadores de eficiencia y eficacia asi como el tipo de información requerida. Se recomienda, para el mejor funcionamiento y desarrollo de las empresas públicas, la creación al más alto nivel posible de un organismo regulador único de las empresas públicas cuyas atribuciones básicas consistan en procesar y sintetizar los requerimientos para convertirlos en un conjunto coherente de regulaciones y relaciones. S.S.

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