Tipo de ítem | Biblioteca actual | Solicitar por | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro |
Biblioteca Central
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INAP-AR:C.7/271 | Disponible | 008066 |
Publicado además en Boletín de Resúmenes del CLAD Vol. 3 No. 3 (Mar. 1987)
El documento contiene la ponencia boliviana ante el Seminario sobre Relación Gobierno Central - Empresas Públicas. En la primera parte se analizan las principales disposiciones legales vigentes; en la segunda parte se da una visión global de las principales empresas públicas existentes en Bolivia, señalando sus objetivos y problemas; a continuación se presenta un cuadro sintético de las relaciones formales entre gobierno y empresas, así como las relaciones informales entre ambas partes; finalmente, se describen los principales problemas a resolver en esta área. La política del actual gobierno no es favorable a reforzar los sistemas centralizados de planificación ni los sistemas centrales de seguimiento. Es en este marco básico que se desarrollan las relaciones entre el gobierno central y las empresas públicas. Con respecto a las relaciones formales entre ambos, en lo estrictamente administrativo es el Presidente de la República quien designa al presidente de cada empresa; en el area financiera, la programación de los presupuestos se hace de acuerdo a normas dadas por el Ministerio de Finanzas; en materia de recursos humanos, la política a seguir es dictada por el gobierno y su aplicación depende, en cada caso, de la fuerza de los cuadros sindicales y de la capacidad de negociación de la gerencia; la planificación de las actividades se hace en función de las pautas y criterios dados por el Ministerio de Planeamiento; y en materia de control, los aspectos de liquidez son analizados trimestralmente por la Comisión Interinstitucional. Con respecto a las relaciones informales entre el gobierno y las empresas, éstas dependen de la constelación de fuerzas políticas y sociales que se presenta en cada caso, así como del poder económico de los entes en juego. Después de analizar la situación existente en las principales empresas públicas se pueden extraer algunas conclusiones en torno a los principales problemas que es necesario enfrentar y resolver. Básicamente se trata de uniformar los sistemas de información, tanto internos como externos, garantizando su elaboración periódica y elaborando un sistema de sanciones para que se garantice el proceso de información. Cuando se habla de información se está haciendo referencia a todo lo vinculado con el proceso de planificación, presupuesto, inversiones, ejecución, administración y control. En este sentido, el crear una imagen-objetivo de la empresa, que sea aceptada por la sociedad, es una garantía para reducir presiones externas. También es útil para este fin el mejoramiento de los métodos de trabajo, creando una tecno-estructura sólida y eficiente que permita obtener los objetivos de la empresa con una real participación de todo su personal. Sin embargo, es importante hacer hincapié en que las medidas anteriores sólo pueden rendir frutos en la medida que los principales ejecutivos de las empresas deseen tener una gestión transparente y que los responsables del gobierno, a su vez, establezcan objetivos claros y metas coherentes. En todo caso, actualmente lo prioritario es reactivar la economía y para ello el actual gobierno busca reducir la participación del estado en actividades productivas, concentrando su esfuerzo en las funciones reguladoras. S.S.
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