Este documento expone los criterios con base a los cuales se desarrolla la política de capacitación del Instituto Nacional de la Administración Pública. Dicha política es explicada como un proceso de cambio, incompleto aún, pero suficientemente
informado de las experiencias del pasado y urgido por hacer progresos en institucionalizar con mayor legitimidad el lugar y el papel de las políticas de formación y capacitación de funcionarios en el sector público.
En su momento, el desafío de la innovación pasó por incluir de modo sistemático la capacitación con la finalidad de profesionalizar a la función pública, en el marco de un proceso en el cual la carrera administrativa progresaba en establecer el principio del mérito como rasgo característico y constitutivo. Pero además de las dificultades y contradicciones propias del proceso, una mirada crítica permite
apreciar como la rutinización y las tendencias al formalismo pueden alterar el sentido de los principios que sustentan las políticas.
El documento expone la búsqueda de nuevos sentidos, y la exploración que alienta se abre, naturalmente, a las nuevas tendencias y experiencias disponibles en la materia. El propósito de afianzar la defensa y consolidación del interés público por medio de la actuación estatal, requiere desarrollar las competencias de los agentes públicos para elaborar y poner en práctica mejores políticas que
respondan a las demandas de una ciudadanía que reclama la presencia activa del Estado en la resolución de los problemas colectivos.
Es menester aclarar que el presente documento no es de autoría individual, sino que resulta de un proceso de reflexión y aprendizaje colectivo, en el que han tenido participación protagónica muchos colegas que se desempeñan en la Dirección del Sistema Nacional de Capacitación del INAP.

Trabajo que tiene por objetivo analizar la evolución y el estado actual del gasto social. Trata los siguientes temas: el gasto social neto y la distribución del ingreso; las características distributivas del gasto social; los cambios relativos en el gasto social. Expresa que la participación del sector público en la provisión de servicios sociales aparece generalmente vinculada a fallas de los mercados en la asignación de recursos siendo su objetivo aumentar las oportunidades de aquellos sectores sociales que quedarían excluidos del acceso a servicios básicos en caso de que las fuerzas del mercado fueran responsables de la asignación de la totalidad de los recursos económicos. Señala que la clasificación económica del gasto social incluye aquellos bienes y servicios subvencionados o provistos gratuitamente por el Estado como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y la asistencia social, cuyo consumo contribuye a aumentar el bienestar de los perceptores directos de estos servicios y, por extensión, del conjunto de la sociedad. Destaca que a los efectos distributivos, no sólo hay que tomar en cuenta la magnitud del gasto social y del financiamiento sino también su composición, ya que las características distributivas de los componentes del agregado no son uniformes. Contiene cuadros y datos estadísiticos que sustentan empíricamente las proposiciones formuladas.

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