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Distribución de las asignaciones familiares entre el personal que revista en el escalafón del personal civil de la administración pública nacional (Decreto 1428/73)

Por: Locatelli, Marta LucilaSeries Documento de Trabajo ; 5/00Detalles de publicación: Buenos Aires Cruzada Cívica Asociación Civil en Defensa de Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos 2000Descripción: 39 pTema(s): CORRUPCION ADMINISTRATIVA | ORGANISMOS DE CONTROL | PRECIOS | SERVICIOS PUBLICOS | ARGENTINAOtra clasificación: INAP-AR:E.4/54 Resumen: Documento de trabajo que sostiene la necesidad de transparentar la gestión de los organismos de control de los servicios públicos. Presenta: 1. Introducción. 2. Bases para una reducción tarifaria, la que en algunos casos debe aplicarse con retroactividad: beneficios justos y razonables; necesidad de que en los gastos de explotación, se hayan colocado los que efectivamente corresponden a ese tipo de erogaciones, suprimiendo los desvíos y las irregularidades; disminuir las tarifas en virtud de la disminución de cargas tributarias y previsionales; aumentos de las tarifas mediante la aplicación de índices indexatorios; incumplimientos de inversiones, ejecución de obras y de metas; falta de eficiencia empresaria; el compre nacional; la tercerización; anegamiento de amplios sectores del área regulada de la concesión de aguas y cloacas. 3. Análisis de situación. Sostiene que si bien se ha expresado que con la privatización de las empresas públicas se erradicó la corrupción (que socavaba los intereses de los contribuyentes y las arcas del Estado); en la actualidad sucedieron hechos que pudieran indicar que existe corrupción en determinadas áreas de gobierno en torno a las corporaciones de servicios (en donde los perjudicados son la gente y los grupos de la producción de todos los sectores y actividades, además del Estado actuando como usuario). Urge que los entes y comisiones reguladoras sean independientes del poder político; que se dicten normas severas y justas destinadas a imponer sanciones penales a los administradores de las corporaciones de servicios, que falseen sus declaraciones a los organismos de control; que se aplique la Constitución y los marcos jurídicos serviciales de una manera objetiva y, que se impidan renegociaciones contractuales sin fundamentos y con apartamiento de los organismos de regulación y control; que se haga cumplir a las corporaciones de servicios con sus obligaciones y compromisos. Debe existir un compromiso institucional de dar participación directa, adecuada, oportuna, amplia a las asociaciones de usuarios, las cuales, en definitiva están ejerciendo acción política y desenvolviéndose como entidades para institucionales.
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Documento de trabajo que sostiene la necesidad de transparentar la gestión de los organismos de control de los servicios públicos. Presenta: 1. Introducción. 2. Bases para una reducción tarifaria, la que en algunos casos debe aplicarse con retroactividad: beneficios justos y razonables; necesidad de que en los gastos de explotación, se hayan colocado los que efectivamente corresponden a ese tipo de erogaciones, suprimiendo los desvíos y las irregularidades; disminuir las tarifas en virtud de la disminución de cargas tributarias y previsionales; aumentos de las tarifas mediante la aplicación de índices indexatorios; incumplimientos de inversiones, ejecución de obras y de metas; falta de eficiencia empresaria; el compre nacional; la tercerización; anegamiento de amplios sectores del área regulada de la concesión de aguas y cloacas. 3. Análisis de situación. Sostiene que si bien se ha expresado que con la privatización de las empresas públicas se erradicó la corrupción (que socavaba los intereses de los contribuyentes y las arcas del Estado); en la actualidad sucedieron hechos que pudieran indicar que existe corrupción en determinadas áreas de gobierno en torno a las corporaciones de servicios (en donde los perjudicados son la gente y los grupos de la producción de todos los sectores y actividades, además del Estado actuando como usuario). Urge que los entes y comisiones reguladoras sean independientes del poder político; que se dicten normas severas y justas destinadas a imponer sanciones penales a los administradores de las corporaciones de servicios, que falseen sus declaraciones a los organismos de control; que se aplique la Constitución y los marcos jurídicos serviciales de una manera objetiva y, que se impidan renegociaciones contractuales sin fundamentos y con apartamiento de los organismos de regulación y control; que se haga cumplir a las corporaciones de servicios con sus obligaciones y compromisos. Debe existir un compromiso institucional de dar participación directa, adecuada, oportuna, amplia a las asociaciones de usuarios, las cuales, en definitiva están ejerciendo acción política y desenvolviéndose como entidades para institucionales.

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