Tipo de ítem | Biblioteca actual | Solicitar por | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro |
Biblioteca Central
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INAP-AR:B.8-7/220 | Disponible | 001756 |
Trabajo que tiene como propósito analizar las disposiciones actuales en materia de calidad de la prestación de los servicios públicos y los mecanismos de control implementados por los entes reguladores para garantizar su cumplimiento. En la medida que las normas de calidad imponen exigencias que deberán cubrir obligatoriamente los operadores privados, se analiza -también- el régimen de sanciones vigente, así como la existencia y tipo de compensaciones o resarcimientos para los usuarios afectados por las deficiencias en los niveles de servicio establecidos. Expresa que en la Argentina, a partir de la reforma estatal iniciada en 1989, la provisión de servicios públicos esenciales como electricidad, gas, telecomunicaciones y agua potable, quedó a cargo de operadores privados, que desarrollan sus actividades de mercados cautivos. Esto afecta particularmente a usuarios residenciales y, en tal contexto, el ejercicio de los nuevos roles del Estado, a cargo de los entes de regulación y control, constituye el resguardo principal para la protección de sus derechos e intereses. El esquema regulador de servicios públicos de gestión privada , tomó como referencias centrales las experiencias estadounidenses y británicas en la materia. Pese a que en tales modelos los criterios de regulación económica de los servicios son divergentes, el tratamiento de la cuestión de la calidad se apoya en una misma premisa: el preestablecimiento de niveles específicos de calidad de los servicios, en base a indicadores precisos de calidad del producto y del servicio comercial. Señala que para un control eficaz de la calidad de los servicios públicos, los organismos de regulación deberán instrumentar mecanismos que permitan una recopilación completa y veraz de la información, monitorear sistemáticamente la satisfacción de los usuarios con los niveles de servicio ofrecidos y poseer un régimen de sanciones que incentive a los prestadores a cumplir con las exigencias de calidad establecidas. Sostiene que el ejercicio de una regulación efectiva de la calidad de prestación por parte del Estado dependerá de la fijación de parámetros de calidad claramente definidos, pasibles de ser controlados y que den lugar -en caso de incumplimientos- a la aplicación de sanciones económicas para las empresas y de compensaciones para los usuarios damnificados. Realiza algunas precisiones conceptuales sobre los servicios públicos y las razones que históricamente han justificado variadas modalidades de intervención del Estado en este tipo de actividades. Reseña los principales problemas destacados por la teoría regulatoria y las experiencias de gestión en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Presenta los siguientes capítulos: 1. Aspectos conceptuales. Aproximación al concepto de servicio público; perspectiva económica; servicios universales y ciudadanía; la prestación privada de servicios públicos; regulación económica y social de los servicios públicos privatizados; los organismos reguladores; las agencias reguladoras en Estados Unidos y Gran Bretaña; calidad de los servicios públicos: regulación y control. 2. La privatización de empresas de servicios públicos en Argentina. Los casos de Gas del Estado, Segba y Obras Sanitarias de la Nación; los marcos regulatorios: alcanes y limitaciones de la noción de servicio público. 3. Los entes reguladore
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