El Gobierno Nacional se propuso ejecutar un conjunto de políticas con referencia al Estado y su herramienta de gestión, la Administración Pública Nacional, cuyo diseño se inspiró desde el mismo momento en que las autoridades constitucionales asumieron sus funciones en la necesidad de pensar al Estado desde la óptica de la sociedad.
En torno a este concepto se planteó el tema de la reforma del aparato de gestión estatal, lo cual sugirió la conveniencia de acercarse a la dimensión macro-organizativa de lo institucional y administrativo en forma conjunta con el análisis micro-organizacional (trámites, procedimientos, etc.)
En la convicción de que los objetivos de carácter estructural no podrían alcanzarse sin encarar simultáneamente medidas coyunturales que promovieran la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado nacional de ser más eficiente y brindar mejores servicios, se definieron metas de corto y largo plazo en torno
a cinco dimensiones hacia las que debían apuntar las modificaciones deseables para alcanzar una efectiva reforma de la Administración Pública.
Estas son: la organización estructural, los recursos humanos, los sistemas normativos, las tecnologías de gestión y la relación Estado-Usuarios.

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