Ponencia presentada en el Seminario Iberoamericano de Administración Pública para el Desarrollo Integral realizado en Buenos Aires entre el 13 y el 15 de mayo de 1987. Tiene por objetivo presentar una reseña de los antecedentes y resultados de las experiencias de reforma administrativa en Brasil, así como sintetizar los lineamientos directrices del actual proceso de reforma administrativa. Divide a los procesos de reforma administrativa en Brasil en tres fases. La primera, que va desde la década del 30 hasta mediados del 40, cuando se dio todo un esfuerzo de innovación y renovación del aparato gubernamental durante el período getulista. Las premisas fundamentales se basaban en la reforma del sistema de personal, la implantación y simplificación de sistemas administrativos y las actividades que dieran mayor eficiencia a la Administración Pública Federal, de acuerdo con los modelos weberianos. Esta reforma obedecía a una orientación autocrática. En una segunda fase (1952-1962) se constituyeron diversas comisiones y se llegó a designar un ministro coordinador para la reforma administrativa. Durante esta fase se realizaron estudios y proyectos que, aunque no fueron implantados, sirvieron como base y fundamentación de las reformas posteriores. El país se modernizaba en todos los aspectos (económico, social y político), pero la Administración Pública Federal no estaba capacitada para acompañar este proceso de modernización, por lo que fue desfasándose. La tercera fase se inició en 1967; a partir del Decreto Ley 200 se intentó realizar una reforma global para transformar totalmente el panorama administrativo del país (descentralización institucional, transferencia de actividades al sector privado, flexibilización de los procesos administrativos). A partir de 1985, el proceso de reforma fue retomado con especial énfasis por el Gobierno de la Nueva República. En 1986 se explicitaron nuevas directrices, principios y criterios para la implantación de la reforma-modernización, con especial énfasis en los siguientes aspectos: 1) Contención del gasto público; 2) Formulación de una nueva política de recursos humanos; 3) Racionalización de las estructuras, de la Administración Pública.

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