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El lugar de las prestaciones médico asistenciales en la definición de un actor social : el caso del Sindicato Luz y Fuerza-Capital Federal

Por: Argentina. Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma AdministrativaColaborador(es): Olmedo, Rubén Alberto | Argentina. Instituto Nacional de la Administración Pública | Argentina. Secretaría de la Gestión Pública. Subsecretaría de Gestión y Empleo Público | Seminario de la RedMuni, 10 Nuevo Rol del Estado, Nuevo Rol de los Municipios Buenos AiresDetalles de publicación: Buenos Aires Instituto Nacional de la Administración Pública. Dirección de Investigaciones 2009Descripción: 158 KbTema(s): CORRUPCION ADMINISTRATIVA | ETICA | MUNICIPALIDADES | POLITICA SOCIAL | RESPONSABILIDAD PUBLICA | RESPONSABILIDAD SOCIAL | ARGENTINAOtra clasificación: INAP-AR:B.7/410
Contenidos:
Panel III: Políticas sociales en el ámbito local
Resumen: Ponencia sobre la ética en las políticas sociales del municipio. Aborda el análisis desde el punto de vista de tres ejes: la sociedad política, la sociedad económica, la sociedad civil. Presenta: La ética en las políticas sociales del municipio: responsabilidad social pública. Racionalidades de cada tipo de esas sociedades. La necesidad de la cultura democrática. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Sostiene que el combate a la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones en la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social. Argentina, no ajena al problema, ha regulado en el Código Penal figuras que tipìfican y sancionan conductas corruptas, tal como el enriquecimiento ilícito, introducido al Cógigo en los artículos 268 (1) y 268 (2), por la ley 16648, aunque el texto de éstos no sea del todo claro, motivo por el cual es objeto de críticas por parte de la doctrina; sin embargo esta regulación significa un paso importante en la lucha contra la corrupción y más aun teniendo en cuenta la adhesión del país a la Convención Interamericana contra la Corrupción. No obstante esto parece no ser suficiente, es importante que el país no solo regule estas conductas corruptas sino que es fundamental que inicie los procesos y sancione cuando corresponda. Para esto hay que generar conciencia entre la población sobre la gravedad del problema, hay que fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción. Un manejo más honesto, eficiente, público, honorable y adecuado de los fondos públicos puede significar una mejor atención de algunas de las funciones sociales que el Estado a veces cumple mal y también le libera fondos para atender sus deberes en materia de seguridad y justicia.
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Panel III: Políticas sociales en el ámbito local

Ponencia sobre la ética en las políticas sociales del municipio. Aborda el análisis desde el punto de vista de tres ejes: la sociedad política, la sociedad económica, la sociedad civil. Presenta: La ética en las políticas sociales del municipio: responsabilidad social pública. Racionalidades de cada tipo de esas sociedades. La necesidad de la cultura democrática. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Sostiene que el combate a la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones en la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social. Argentina, no ajena al problema, ha regulado en el Código Penal figuras que tipìfican y sancionan conductas corruptas, tal como el enriquecimiento ilícito, introducido al Cógigo en los artículos 268 (1) y 268 (2), por la ley 16648, aunque el texto de éstos no sea del todo claro, motivo por el cual es objeto de críticas por parte de la doctrina; sin embargo esta regulación significa un paso importante en la lucha contra la corrupción y más aun teniendo en cuenta la adhesión del país a la Convención Interamericana contra la Corrupción. No obstante esto parece no ser suficiente, es importante que el país no solo regule estas conductas corruptas sino que es fundamental que inicie los procesos y sancione cuando corresponda. Para esto hay que generar conciencia entre la población sobre la gravedad del problema, hay que fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción. Un manejo más honesto, eficiente, público, honorable y adecuado de los fondos públicos puede significar una mejor atención de algunas de las funciones sociales que el Estado a veces cumple mal y también le libera fondos para atender sus deberes en materia de seguridad y justicia.

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