La biblioteca posee: tomo II, tomo III

Síntesis de los resultados de una encuesta realizada por la organización Sofres Ibope (Argentina) con relación a la evaluación y las expectativas del público y los usuarios de servicios públicos privatizados. Trata los siguientes temas: la imagen de las privatizaciones y la evaluación de los procedimientos; evaluación retrospectiva y prospectiva. Expresa que el proceso de privatización atraviesa un momento crítico en el que las expectativas alentadas en el pasado experimentan un contraste efectivo con las realidades de la implementación y puesta en marcha de los nuevos esquemas de administración. Sin embargo, el margen de credibilidad es amplio y las expectativas de mejoramiento son realistas; los usuarios no esperan soluciones mágicas, pero reclaman una mayor satisfacción a sus necesidades, mayor participación en el control, y un compromiso efectivo del Gobierno en la regulación y el contralor de las prestaciones. Los niveles de satisfacción de los usuarios efectivos respecto del funcionamiento de los servicios privatizados revelan cifras positivas, lo que contrasta con las cifras obtenidas por estudios efectuados entre la población general (no necesariamente usuaria de los servicios) y con lo que suelen expresar y reflejar los medios de comunicación. Las expectativas de mejoramiento de los servicios reconocen cierta cautela; prima la idea de que los cambios serán graduales y que el resultado final no será todo lo conveniente que era de esperar. Respecto del modo en que se realizaron las privatizaciones, se manifiesta la continuidad de las reservas respecto de las primeras y una mayor aceptación de las posteriores. Las privatizaciones se aceptan como un acto de voluntad deliberado, coherente y consistente; más que como producto de la emergencia o de la crisis terminal del Estado. Resalta la importancia crucial de las organizaciones de consumidores y los usuarios, que aparecen como instancias efectivas en el control de los servicios. Destaca asimismo el relevante papel que se atribuye al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en la percepción de las privatizaciones como expresión de una decisión política efectiva.

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